En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP), unificado con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales, la Comisión de Seguridad Integral recibió criterios de expertos en la materia.
El delegado de la Defensoría Pública, Juan Carlos Merizalde, calificó la iniciativa como oportuna y necesaria. Señaló que actualmente existen nuevas dinámicas delictivas que afectan la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones públicas. Recordó que, en febrero del presente año, la institución remitió un conjunto de observaciones para perfeccionar el proyecto de ley desde una perspectiva garantista y de seguridad jurídica.
Entre las principales observaciones constan la eliminación de términos ambiguos, la ampliación del alcance de la normativa y la reformulación del tipo penal, entre otros aspectos.
Por su parte, el experto en Derecho Penal, Christian Gallo, indicó que esta iniciativa es valorada por la Academia; no obstante, advirtió la necesidad de revisar ciertos textos para evitar contradicciones con la Constitución.
En su análisis técnico-jurídico, se refirió a: el riesgo de una expansión penal innecesaria, la falta de precisión en la definición de conductas prohibidas, la necesidad de diferenciar los niveles de gravedad y la regulación de la vigilancia tecnológica. Sobre este último punto, sugirió mejorar la redacción para no afectar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
Finalmente, recomendó reformular el tipo penal, evitar duplicidades con el COIP, trasladar los aspectos técnicos a un reglamento, incorporar un régimen sólido de protección de datos y regular el valor probatorio de las grabaciones.
AM
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