En la #Sesión56, el Pleno de la Asamblea Nacional trató en primer debate, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes.
La asambleísta Mireya Pazmiño señaló el contexto de violencia que atraviesa el Ecuador y que agrava la crisis de salud mental que afecta a grupos vulnerables como nuestras niñas, niños y adolescentes.
"¿Cuánto de lo que nosotros, asambleístas, políticas y políticos hacemos afecta a la salud mental de las niñas y niños? La respuesta: MUCHO" continúo la asembleísta Pazmiño, destacando la repercusión de las políticas públicas: "Cuando una decisión de política gubernamental deja a un padre o madre de familia sin trabajo, cuál es el efecto sobre esa familia y a los niños de esa familia?"
Su intervención hizo énfasis en la importancia de la justicia social y el respeto como punto de partida de la salud mental: "Donde se respete la realidad de las personas y más todavía, donde se luche por construir una realidad para nuestros niños y niñas basadas en la solidaridad y la empatía común, esto, nos obliga a dejar a un lado relatos falaces, que pretenden construir la ficción de una sociedad sin problemas, cuando las muertes violentas son cosas de todos los días por la mayoría del territorio ecuatoriano, cuando una madre o un padre de familia tiene que andar por los buses pidiendo centavos para cubrir las recetas médicas de sus hijos o familiares."
Escucha su intervención completa en el siguiente enlace:
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Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
