La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este viernes 10 de abril, en el marco del tratamiento del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), recibió aportes de expertos en Derecho Administrativo y en Criminología Compleja y Compliance Penal, en relación con la figura de extorsión en contratos públicos.
Cristian Suárez, magíster en Derecho Administrativo, subrayó que existe un instructivo emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que establece cómo actuar frente a conductas de extorsión en contratos estatales. Asimismo, indicó que el delito de concusión (coima), tipificado en el COIP, se ajusta a esta problemática; sin embargo, estas conductas continúan en la impunidad, pese a contar con normativa que las sanciona.
En ese contexto, identificó diversos escenarios en la contratación pública que evidencian vacíos normativos, lo que facilita la proliferación de actos de corrupción en la administración pública. Por ello, consideró necesario incorporar nuevas tipologías penales que contemplen prácticas actualmente no previstas.
Además, Suárez sugirió endurecer las penas e introducir reformas normativas que fortalezcan la lucha contra la corrupción en la contratación estatal, con el fin de sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.
Por su parte, Héctor Coba, magíster en Criminología Compleja y Compliance Penal, señaló que el funcionario público no siempre comete el delito de manera directa, sino que en ciertos casos actúa bajo presión de terceros para agilizar la adjudicación de contratos. En ese sentido, consideró que no es necesario crear una nueva figura penal, sino establecer circunstancias agravantes y sanciones más severas cuando exista participación directa de un funcionario responsable, por ejemplo, de la administración de un contrato.
EG
