La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la continuación del tratamiento de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), analizó propuestas relacionadas con sanciones por infracciones de tránsito y extorsión en contratos públicos, así como en el uso de recursos del Estado.
En materia de tránsito, la mesa legislativa recibió a la asambleísta Josebeth Jaramillo, autora de la iniciativa, quien explicó el alcance de la reforma penal. Recordó lo establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, que consagra el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, ya sean administrativas o penales.
En este contexto, planteó que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente al tipo o categoría con la que se cometió la infracción. Así, si una persona está habilitada para conducir distintos vehículos, la sanción se aplicaría exclusivamente a la categoría correspondiente y no de manera general, como ocurre actualmente. Para ello, propuso reformas tanto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como al COIP.
En otro eje, la comisión recibió al experto en compras públicas, Paúl Vázquez, quien presentó observaciones sobre la tipificación y sanción del delito de extorsión en contratos públicos y en el manejo de recursos estatales.
El texto propuesto para el artículo 185.2 del COIP establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para estos casos. Al respecto, Vázquez señaló que el sujeto activo podría ser el proveedor, oferente o adjudicatario dentro de un proceso de contratación pública. No obstante, advirtió que, dada la amplitud de esta definición, es necesario precisar que la aplicación de la norma se delimite a situaciones en las que exista adjudicación o se haya iniciado la fase contractual.
Previo a estas comparecencias, la mesa legislativa resolvió unificar la propuesta presentada por la asambleísta Jaramillo con el Proyecto de Reforma Integral al COIP.
AM
