La Comisión de Educación, en modalidad virtual, aprobó con siete votos afirmativos el informe final del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, que propone su incorporación como un componente obligatorio y transversal en todos los niveles del sistema educativo del país, desde la educación inicial hasta la superior. La iniciativa también incluye a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa.
La presidenta de la mesa legislativa, Cecilia Baltazar, explicó que el nuevo texto incorpora varias observaciones realizadas por los legisladores. “Aquellas que fueron consideradas pertinentes, legales y constitucionales fueron acogidas, lo que permitió fortalecer el proyecto”, afirmó.
En este contexto, el informe presenta ajustes tanto en la exposición de motivos como en varios artículos. Entre los principales cambios destaca la inclusión de medidas de capacitación que no solo abordan temas de ahorro e inversión, sino también la prevención de estafas, especialmente aquellas que se realizan a través de medios tecnológicos. Baltazar subrayó que estas modificaciones refuerzan la protección de derechos.
La iniciativa establece un marco normativo integral orientado a fortalecer las capacidades económicas de la población, fomentar el ahorro, incentivar la inversión responsable y prevenir el sobreendeudamiento, incorporando además un enfoque de género, interculturalidad y atención a grupos prioritarios.
Asimismo, dispone la integración progresiva de la educación financiera en el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la etnoeducación y la educación superior, respetando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. El objetivo es mejorar las competencias financieras de la población económicamente activa y de los usuarios del sistema financiero, fortaleciendo su capacidad de planificación, ahorro e inversión.
De igual manera, se establece que la Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con el ente rector de la política financiera y monetaria, será responsable de diseñar e implementar la estrategia nacional de educación financiera, así como de garantizar la capacitación docente, la calidad de los contenidos y su pertinencia cultural y territorial.
El proyecto también contempla la participación de entidades públicas y privadas del sistema financiero en el desarrollo de programas educativos, bajo principios de transparencia, objetividad y sin fines comerciales.
Otro aspecto relevante es la incorporación de contenidos relacionados con la seguridad en el uso de servicios financieros digitales. En este contexto, se prioriza la formación en prevención de fraudes electrónicos, protección de datos personales, uso seguro de plataformas digitales y riesgos asociados a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Además, se reconoce la importancia de adaptar la educación financiera a las realidades de los pueblos y nacionalidades, integrando saberes ancestrales y garantizando la pertinencia cultural y lingüística de los contenidos.
Finalmente, se incluyen programas de educación financiera no formal dirigidos a grupos de atención prioritaria, emprendedores, poblaciones rurales, migrantes y beneficiarios de programas sociales, a fin de ampliar el acceso al sistema financiero.
Con la aprobación del informe final, el proyecto de ley pasa al Pleno de la Asamblea para su debate. De ser aprobado, el Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para emitir el reglamento, mientras que en el plazo de un año deberá implementarse la estrategia nacional de educación financiera.
JC
