Participamos como panelistas en este conversatorio organizado por FLACSO Ecuador. Junto a Andrea Urgiles analizamos por qué las recientes reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial no resuelven los problemas reales del territorio y debilitan la autonomía de los gobiernos locales.
Lugar: FLACSO Ecuador
Evento: Conversatorio Impactos políticos y territoriales de las recientes reformas a la LOOTUGS
FLACSO Ecuador convocó este conversatorio para analizar en profundidad las consecuencias de las modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El espacio reunió a dos voces desde ángulos complementarios: el impacto sobre la planificación territorial y la autonomía local, y la crisis habitacional que la reforma dice querer resolver.
Verónica Íñiguez - Asambleísta por Loja
Análisis de los impactos de la reforma sobre la autonomía de los GADs, la concentración de poder en la SOT y los riesgos para el suelo rural, las zonas de captación de agua y la planificación territorial descentralizada.
Andrea Urgiles
Estado del déficit habitacional en Ecuador, los límites del mercado formal de vivienda y el fenómeno de financiarización que agrava la crisis.
Esta reforma ataca la autonomía de los GADs. La Secretaría de Ordenamiento Territorial (SOT) asume facultades que antes correspondían a los municipios, desplazando a las instituciones que mejor conocen las dinámicas de cada territorio. Los GADs pasan a ser, en la práctica, un elemento casi invisible en las decisiones sobre su propio suelo.
El mecanismo es revelador: si un GAD no acata las disposiciones de la SOT, la sanción recae sobre el propio gobierno local. Con ello, los recursos que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos terminan financiando las consecuencias de una política centralizada que no consultaron ni eligieron.
La SOT tiene la potestad para definir el tipo de suelo en cada territorio sin conocer ese territorio. En lugar de fortalecer la capacidad municipal, esta reforma apuesta por el centralismo.
La reforma usa el déficit de vivienda como argumento para ampliar el suelo urbano sobre suelo rural, zonas no mitigables y áreas de riesgo. Se sacrifican zonas de captación de agua y espacios de mitigación ambiental, precisamente los que los municipios han aprendido a proteger.
El caso de Loja ilustra la contradicción: la ciudad ya tiene una mancha urbana que crece más rápido que su población, con oferta de vivienda superior a la demanda y construcciones abandonadas en la periferia. Ampliar más el suelo urbano en ese contexto no resuelve el déficit, sino que lo desplaza geográficamente mientras se deterioran suelos productivos y fuentes de agua.
La reforma tampoco aborda la planificación climática. Cada territorio tiene sus propios servicios ecosistémicos: bosques, cuencas hídricas, zonas de recarga. Una reforma que no parte de ese mapeo no está planificando: está improvisando.
Andrea Urgiles presentó los datos del BID (2025). El déficit habitacional en Ecuador afecta al 46,2% de las familias. El mercado formal no es la respuesta para la mayoría: el precio promedio de la vivienda ronda los 1.200 dólares por metro cuadrado y un departamento de dos dormitorios en alquiler en Quito supera los 500 dólares mensuales, equivalente al 59% del ingreso promedio de un hogar.
46,2% de familias afectadas por déficit habitacional (BID, 2025)
+740.000 hogares con déficit cuantitativo
+1,5 millones de hogares con déficit cualitativo
59% del ingreso promedio que cuesta un alquiler de dos dormitorios en Quito (QCV, 2025)
A esto se suma la financiarización de la vivienda: cada vez más unidades se destinan al alquiler temporal y salen del mercado residencial. Solo en Cuenca hay más de 3.000 unidades registradas en plataformas como Airbnb; en Quito superan las 5.000, con edificios enteros dedicados a ese uso. El suelo y la vivienda se convierten en activos de inversión, no en derechos.
El modelo actual tampoco funciona: el subsidio a la tasa de interés beneficia principalmente a quienes ya tienen capacidad crediticia. Solo 199 personas lograron acceder al subsidio parcial más crédito. El resultado es que el 67,7% de los ciudadanos no recurre al Estado para resolver su problema de vivienda.
En lugar de fortalecer la planificación territorial local, las reformas concentran poder en el gobierno central. En lugar de atacar las causas del déficit habitacional, usan ese déficit como pretexto para flexibilizar el uso del suelo. Lo que falta no es más potestad sancionatoria desde Quito. Lo que falta es política territorial que reconozca la diversidad del país, que proteja el suelo rural y que fortalezca a los GADs como actores centrales de la planificación.
Legislar para la vida implica tomarse en serio este debate. No alcanza con hablar de vivienda digna si las reformas legales siguen debilitando a los GADs y sacrificando suelo rural. Seguiremos participando en espacios como este conversatorio en FLACSO para construir diagnósticos rigurosos que sostengan una legislación territorial justa y descentralizada.
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Defendemos la vida, la naturaleza y la soberanía del Ecuador!
Despacho de la Asambleísta Verónica Íñiguez - Loja - Movimiento Revolución Ciudadana
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
