La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó, con siete votos afirmativos, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual y recomendó su archivo, tras un amplio proceso de análisis técnico y la participación de actores del sector público, privado, gremial y académico.
El informe aprobado concluye que Ecuador cuenta actualmente con un marco normativo e incentivos tributarios suficientes para impulsar la industria audiovisual; entre ellos, la exoneración arancelaria para importación de equipos, beneficios en el Impuesto a la Salida de Divisas, exenciones en el Impuesto a la Renta, devolución de IVA y el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), que representa un retorno directo para las producciones que invierten en el país.
No obstante, la comisión identificó que estos instrumentos no han alcanzado su potencial debido a obstáculos operativos, como la dispersión de competencias institucionales, la falta de procesos claros y los extensos tiempos de tramitación. Estas limitaciones han generado incertidumbre en los inversionistas y han reducido la competitividad del país frente a otros mercados de la región.
Frente a este escenario, se determinó que la solución es de carácter reglamentario y puede ser implementada por el Ejecutivo sin necesidad de aprobar una nueva ley en este momento. Entre las medidas planteadas constan la centralización de la calificación de proyectos y la emisión del Certificado de Inversión Audiovisual en una sola entidad, la eliminación del Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Cosica) para evitar duplicidad de funciones y la fijación de plazos máximos de respuesta institucional que garanticen seguridad jurídica a los inversionistas.
En sus conclusiones, la mesa legislativa enfatiza que, si bien el primer informe contenía propuestas valiosas, avanzar en una nueva reforma legal en este momento podría generar inseguridad jurídica y afectar negativamente la recuperación del sector. En este sentido, se plantea priorizar el fortalecimiento y la optimización de la aplicación del sistema vigente antes de introducir nuevas reformas legales que podrían generar incertidumbre en el sector.
Con esta aprobación, el informe será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento en segundo debate.
MEV
