La Comisión de Fiscalización y Control Político, este miércoles 6 de mayo, inició un proceso de fiscalización sobre las actuaciones de las autoridades responsables del manejo y tratamiento del agua en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de las provincias de Manabí y El Oro, de conformidad con la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 31 de marzo de 2026.
En la referida resolución, la Legislatura respaldó institucionalmente a los colectivos ciudadanos que impulsan la fiscalización social del manejo técnico, administrativo y operativo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Estancilla y de la Planta La Esperanza, que abastecen a cinco cantones de Manabí y a tres de la provincia de El Oro, respectivamente.
La mesa legislativa destinará, al menos, cuatro sesiones para escuchar a las autoridades responsables de las plantas de agua gestionadas por las mancomunidades de La Estancilla y La Esperanza, que abastecen del líquido vital a los cantones de Junín, Bolívar, Tosagua, Sucre y San Vicente, en la provincia de Manabí; y Machala, Pasaje y El Guabo, en la provincia de El Oro, en su orden.
También se requerirá información de las diferentes entidades del Estado y se recibirán comparecencias de autoridades técnicas y operativas, de organismos de control, así como de defensa de los derechos humanos. Todo este proceso tomará, por lo menos, 90 días.
Caso EMCO
De igual manera, la Comisión iniciará un proceso de fiscalización relacionado con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), durante la administración de Hernán Luque Lecaro y la presunta red de corrupción que habría operado en la referida empresa pública.
Para el efecto, se requerirá información de las empresas públicas de electricidad, Petroecuador, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y el Banco Público de Desarrollo, BanEcuador, entre otras.
EG
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