La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió los aportes técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), dentro del análisis de los proyectos de ley orientados a la prevención, atención integral y protección de los derechos de las personas que viven con obesidad en Ecuador, actualmente unificados para el primer debate.
La delegación del MSP, encabeza por Carla Suasnavas, secretaria técnica del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, enfatizó la necesidad de fortalecer un enfoque preventivo y de salud pública, priorizando acciones sobre los determinantes sociales de la obesidad, como la nutrición, educación, acceso a agua potable y promoción de hábitos saludables, antes que centrar la respuesta estatal únicamente en tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Asimismo, advirtió sobre posibles duplicidades normativas e institucionales en la creación de nuevos consejos o centros especializados privados.
Durante la sesión, las autoridades sanitarias alertaron sobre la magnitud del problema en el país: uno de cada tres adultos, niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, además del 5 % de menores de cinco años. Señalaron que esta problemática tiene un impacto directo en el desarrollo humano y económico del Ecuador, por lo que insistieron en fortalecer políticas públicas integrales de prevención y promoción de la salud, incluido el deporte.
En el debate legislativo, varios asambleístas coincidieron en la importancia de evitar el crecimiento innecesario de estructuras institucionales y garantizar que el abordaje de la obesidad se articule dentro del sistema nacional de salud ya existente. También se discutió el uso técnico y regulado de fármacos, la necesidad de actualizar registros epidemiológicos, mejorar el etiquetado nutricional frontal y reforzar la regulación de productos ultraprocesados.
Por su parte, la directora ejecutiva de ACESS, Paola Andrade Aguirre, presentó observaciones técnicas sobre ambos proyectos de ley, señalando inconsistencias conceptuales, terminología médica imprecisa y vacíos administrativos y sancionatorios. Recomendó que aspectos clínicos y técnicos sean desarrollados mediante reglamentos y normativa sanitaria especializada, y no directamente en la ley.
En tanto, Rommel Betancourt, coordinador General Técnico de Regulación para la Vigilancia y Control Sanitario de ARCSA formuló observaciones orientadas a delimitar competencias institucionales, fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar la viabilidad técnica de las medidas regulatorias. Además, insistió en reforzar acciones de prevención vinculadas a la promoción de alimentación saludable, actividad física y control de productos ultraprocesados.
RSA
