Con 89 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el Proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual, acogiendo la recomendación contenida en el informe para segundo debate elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
El ponente del informe, asambleísta Carlos Dávila, explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer y aplicar de manera efectiva la normativa vigente antes de crear nuevas regulaciones. Señaló que la industria audiovisual posee un alto potencial para atraer inversión extranjera, generar empleo y promover la cultura nacional.
Asimismo, destacó que, fruto del trabajo articulado entre la comisión y el Ejecutivo, se expidió el Decreto Ejecutivo 389, que optimiza el reglamento vigente, fortalece la institucionalidad del sector, elimina duplicidades y agiliza los procesos para los inversionistas.
Por su parte, el legislador Sergio Peña subrayó que las recomendaciones formuladas fueron incorporadas en dicho decreto, que concentra la rectoría de la industria audiovisual en una sola entidad y simplifica los trámites administrativos. Además, resaltó que los nuevos procedimientos permitirán obtener certificados de inversión en aproximadamente 45 días, lo que favorecerá la llegada de capitales y el desarrollo de nuevas producciones en el país.
El informe señala que Ecuador ya cuenta con un marco normativo robusto para fomentar la producción audiovisual y atraer inversiones, mediante incentivos como la exoneración de aranceles para la importación de equipos, beneficios relacionados con el Impuesto a la Salida de Divisas e Impuesto a la Renta, la devolución parcial del IVA y el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), que reconoce hasta el 37 % de los gastos realizados en territorio nacional.
Durante el tratamiento de la iniciativa se identificó que las principales limitaciones para el desarrollo del sector no se encuentran en la ausencia de una ley, sino en dificultades operativas y reglamentarias, como la dispersión de competencias institucionales, la falta de claridad en los procedimientos y las demoras en la emisión de certificados.
En ese contexto, se concluyó que estas barreras pueden superarse mediante ajustes reglamentarios impulsados por el Ejecutivo, sin necesidad de expedir una nueva normativa. Entre las medidas adoptadas constan la centralización de la calificación de proyectos audiovisuales y de la emisión del Certificado de Inversión Audiovisual, la eliminación del Comité de la Industria Audiovisual (COSICA) y el establecimiento de plazos máximos de respuesta para brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
MEV
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