La asambleísta por Pichincha, Ledy Zúñiga, presentó este martes el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que incorpora por primera vez en la legislación ecuatoriana el reconocimiento y la protección de las personas en situación de desplazamiento interno, fortaleciendo el marco jurídico nacional para garantizar la atención y protección de quienes se ven obligados a abandonar su lugar de residencia dentro del territorio ecuatoriano.
Entre los principales cambios planteados, se incorpora una definición legal de desplazamiento interno, estableciendo que se trata del traslado forzado o involuntario de personas o grupos dentro del territorio nacional, sin cruzar una frontera internacionalmente reconocida, debido a circunstancias que comprometen gravemente sus derechos y condiciones de vida.
“La propuesta busca que el Estado pueda identificar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños y adolescentes afectados por estos desplazamientos. Actualmente, existe un vacío legal en la Ley de Movilidad Humana, que contempla la situación de migrantes y refugiados, pero no de las personas desplazadas dentro del territorio nacional”, enfatizó.
El proyecto propone la creación de un nuevo capítulo denominado “De las Personas en Situación de Desplazamiento Interno”, mediante el cual se establecen mecanismos específicos de protección y atención. Entre las medidas contempladas se encuentran la garantía de protección integral por parte del Estado a través de acciones de atención, orientación, coordinación y protección de derechos; el acceso prioritario a programas y servicios de asistencia humanitaria, salud, educación y protección social; y la articulación de esfuerzos entre las distintas instituciones públicas y niveles de gobierno.
De igual manera, promueve la implementación de sistemas de información y registro que permitan identificar y caracterizar a la población desplazada internamente, respetando las disposiciones vigentes en materia de protección de datos personales.
El proyecto establece que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas, ni demandará recursos adicionales del Presupuesto General del Estado. Las acciones previstas serán ejecutadas mediante la optimización y reorientación de los recursos institucionales ya existentes.
Con esta iniciativa se avanza hacia el fortalecimiento de la protección de poblaciones vulnerables afectadas por desplazamientos forzados dentro del país, alineando su normativa con los estándares internacionales de derechos humanos, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, orientado a promover sociedades pacíficas, inclusivas y con instituciones sólidas.
JC
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