
Quito, martes 02 de junio de 2026. La Dra. Ledy Zúñiga Rocha, asambleísta por Pichincha, presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana que busca reconocer y proteger a las personas en situación de desplazamiento interno, una realidad que, según organismos internacionales, ha alcanzado niveles críticos en el Ecuador.
La iniciativa legislativa tiene como propósito central incorporar de manera expresa el desplazamiento interno como una categoría de protección dentro del marco jurídico vigente, permitiendo su reconocimiento legal, la definición clara del fenómeno y el establecimiento de mecanismos de identificación, atención y coordinación institucional. El proyecto responde a un vacío normativo, ya que, aunque la legislación ecuatoriana regula ampliamente la movilidad internacional, no contempla de forma específica a quienes se ven obligados a huir dentro del propio territorio por causas como la violencia, la inseguridad o los desastres naturales.
Datos estadísticos y alertas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), advierten que Ecuador atraviesa “un momento crítico” frente al desplazamiento forzado. De acuerdo con este organismo, más de 248.000 personas mayores de 15 años se desplazaron dentro del país, y al menos 80.747 lo hicieron por razones vinculadas directamente a la violencia y la criminalidad. Asimismo, se estima que entre 2022 y 2024 alrededor de 150.000 familias —equivalentes a aproximadamente 300.000 personas— han sido afectadas por este fenómeno.
“Estas cifras evidencian que el desplazamiento interno ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una problemática estructural con profundas implicaciones sociales y humanitarias”, señaló la legisladora.
El proyecto plantea que el Estado garantice protección integral, atención prioritaria y acceso a servicios básicos para las personas desplazadas, sin crear nuevas estructuras burocráticas ni requerir recursos adicionales, sino mediante la optimización de capacidades institucionales ya existentes. Además, se alinea con la Constitución, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fortaleciendo la respuesta estatal frente a un fenómeno que, como señala Acnur, exige una acción “robusta, coordinada y sostenida”.
Con esta propuesta, la asambleísta Zúñiga busca posicionar el desplazamiento interno en la agenda pública y legislativa, abriendo el debate sobre una crisis silenciosa que obliga a miles de ecuatorianos a abandonar sus hogares para salvaguardar su vida y dignidad, y que demanda respuestas urgentes desde el Estado y la sociedad.