La Comisión de Transparencia continuó la recepción de criterios técnicos sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar la captación de menores de edad por parte de organizaciones delictivas.
El experto André Santos planteó la necesidad de incorporar mecanismos de regulación en el ámbito de las telecomunicaciones y sanciones contra la denominada “narcocultura”, entendida como la difusión de símbolos y contenidos que promueven o normalizan actividades vinculadas al crimen organizado.
En ese contexto, propuso que la autoridad competente en materia de telecomunicaciones pueda, previa orden judicial, disponer el bloqueo o suspensión temporal de direcciones IP, dominios, URL y cuentas asociadas a contenidos utilizados para el reclutamiento criminal de menores de edad.
Santos recordó que este tipo de medidas ya han sido impulsadas en la Unión Europea mediante acuerdos con plataformas digitales como Facebook, TikTok y otras redes sociales, donde se concentra gran parte de los contenidos relacionados con la narcocultura y las estrategias de captación de adolescentes por parte de grupos delictivos.
“Existe reclutamiento criminal no solo por razones económicas, sino también por factores culturales. Cuando observamos a menores que celebran con música, símbolos, armas o productos asociados al narcotráfico, entendemos que esta no es únicamente una batalla económica, sino también cultural e incluso espiritual”, afirmó.
Asimismo, sugirió complementar la propuesta legislativa con reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar el uso y difusión de símbolos vinculados al terrorismo, tomando como referencia experiencias aplicadas en países como Alemania, Italia y El Salvador.
Por su parte, Gustavo Salvatore destacó que el proyecto de ley presenta una estructura técnica adecuada y respeta el principio de unidad de materia, pese a que contempla reformas en distintos cuerpos normativos.
Subrayó que la realidad del país evidencia la presencia de grupos de delincuencia organizada y que los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que viven en condiciones socioeconómicas vulnerables, constituyen una población de alto riesgo frente a las redes de reclutamiento.
No obstante, aclaró que la incorporación de menores a estas organizaciones no responde exclusivamente a factores de pobreza. Explicó que diversos estudios de sociología criminal han demostrado que no existe una relación directa entre pobreza y delincuencia, sino que muchos jóvenes son atraídos por la expectativa de ascenso social, reconocimiento y poder que ofrecen las estructuras del crimen organizado.
La comisión continuará recabando aportes técnicos y jurídicos con el propósito de fortalecer el articulado del proyecto, previo al informe para segundo debate.
AM
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