El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente (COA) y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, iniciativa que busca institucionalizar la educación ambiental como una política pública permanente dentro del sistema educativo ecuatoriano.
La propuesta, impulsada por la asambleísta Sade Fritschi y tramitada por la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, plantea incorporar contenidos de educación ambiental desde la educación inicial hasta el bachillerato, fortaleciendo la formación de ciudadanos comprometidos con la protección de la naturaleza, el uso sostenible de los recursos y la prevención de los impactos ambientales.
En la presentación del informe, la legisladora destacó que la reforma responde a la necesidad de formar nuevas generaciones conscientes de la riqueza natural del Ecuador y de su responsabilidad en la conservación del patrimonio ambiental del país. Asimismo, subrayó que la iniciativa no generará gastos adicionales al Presupuesto General del Estado, pues los contenidos serán impartidos por docentes de áreas afines, acompañados de procesos de capacitación y lineamientos especializados.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Camila León, señaló que la propuesta constituye una transformación estructural orientada a fortalecer la educación como herramienta para enfrentar desafíos actuales como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Destacó además que la reforma busca garantizar que la educación ambiental combine conocimientos teóricos con experiencias prácticas que fortalezcan la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.
Durante el debate, varios legisladores coincidieron en la importancia de fortalecer la educación ambiental como mecanismo para promover una mayor conciencia ecológica. Asimismo, se plantearon observaciones relacionadas con la necesidad de asegurar mecanismos de financiamiento, fortalecer la formación docente, incorporar enfoques de justicia climática, interculturalidad y conocimientos ancestrales, así como garantizar la coherencia entre las políticas educativas y ambientales del Estado.
La iniciativa reconoce a la educación ambiental como una herramienta estratégica para enfrentar los desafíos ambientales del país. Entre los indicadores que sustentan la reforma constan la pérdida de más de 1,1 millones de hectáreas de cobertura natural entre 1985 y 2022, la afectación de más de 80.000 hectáreas por incendios forestales durante 2024, la existencia de 144 botaderos a cielo abierto, la contaminación de al menos 19 ríos y la generación de más de 13.000 toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales apenas el 6 % es reciclado.
El proyecto contempla reformas orientadas a fortalecer la educación ambiental, establecer responsabilidades institucionales y promover la articulación entre el sistema educativo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las entidades competentes en materia ambiental.
El informe fue elaborado tras un proceso participativo, que incluyó cinco sesiones de trabajo, siete comparecencias institucionales, diez espacios de socialización ciudadana y la participación de 267 ciudadanos, además de aportes de entidades públicas, organismos internacionales, expertos y representantes de la sociedad civil.
Concluido el primer debate, con la intervención de ocho legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que la propuesta regrese a la comisión para que continúe el análisis de las observaciones presentadas por los legisladores y elabore el informe que será sometido a segundo debate en el Pleno.
RSA
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