El asambleísta Álex Morán, representante de la provincia del Guayas, presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para fortalecer la sanción por el uso de documentos falsos, cuyo objetivo es robustecer la respuesta penal del Estado mediante el incremento de la pena aplicable y el establecimiento de circunstancias agravantes cuando la falsificación afecte a documentos públicos utilizados para obtener beneficios estatales o para cometer actos relacionados con el crimen organizado.
Morán explicó que la propuesta fue trabajada con técnicos de la Dirección de Registro Civil y de la Policía Nacional, debido a que se ha detectado que el modus operandi de grupos delictivos consiste precisamente en la falsificación de documentos públicos. Señaló que ciudadanos extranjeros falsifican cédulas de identidad ecuatorianas para cometer delitos. En este sentido, añadió que la reforma contribuirá a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.
La normativa sustituye el texto del artículo 328 del COIP y busca establecer que la persona que falsifique, destruya o adultere documentos públicos, timbres o sellos nacionales, modificando sus efectos o sentido, establecidos por la ley para dejar constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 10 años.
El segundo inciso del referido artículo prevé que, cuando se trate de documentos privados, la pena será de cinco a siete años. Asimismo, determina que el uso de estos documentos falsos será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.
Además, el proyecto contempla una pena de 10 a 13 años cuando concurran circunstancias agravantes, tales como: que la falsificación o el uso recaiga sobre documentos de identidad, certificados o inscripciones del Registro Civil, o documentos destinados a acreditar nacionalidad, identidad o estado civil; que la falsificación o el uso recaiga sobre títulos habilitantes, permisos, licencias, matrículas, certificados o autorizaciones emitidos por una entidad pública con la finalidad de habilitar actividades sujetas a control estatal; o que la conducta se cometa para obtener, mantener o modificar un beneficio, contrato, pago, exoneración, incentivo o habilitación ante entidades del Estado.
EG
