La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva, con la comparecencia de Juan Carlos Merizalde, asesor de la Defensoría Pública, quien presentó observaciones orientadas a fortalecer la técnica legislativa y garantizar una mayor protección de los derechos de las personas ecuatorianas retornadas.
Merizalde expresó el respaldo institucional al proyecto de ley, al considerar que la deportación masiva de personas ecuatorianas constituye una problemática de alto impacto humano, familiar y social que requiere una respuesta integral del Estado. En ese sentido, destacó que la iniciativa fortalece los mecanismos de protección, atención, seguimiento y reintegración de quienes retornan al país en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las principales observaciones, propuso modificar el título del proyecto para reflejar con mayor precisión que la reforma tiene como finalidad proteger y atender a las personas ecuatorianas frente a procesos de deportación masiva ejecutados por otros Estados, y no regular dichos procedimientos.
Asimismo, planteó ampliar el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad para incluir a las personas que hayan sido objeto, estén sometidas o expuestas a procesos de deportación, expulsión o retorno forzado.
Finalmente, presentó observaciones de técnica legislativa para perfeccionar la redacción de varios artículos y disposiciones del proyecto, fortalecer el sistema de monitoreo y seguimiento de las personas retornadas, emplear la denominación “autoridad rectora en materia de movilidad humana” para evitar futuras modificaciones derivadas de cambios administrativos y adecuar los protocolos institucionales que permitan brindar una atención integral y efectiva a las personas ecuatorianas retornadas por procesos de deportación masiva.
MEV
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