El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos afirmativos, el inicio de un proceso de fiscalización, a través de la Comisión de Seguridad Integral, para investigar el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; la eventual participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en su administración o gestión; y las posibles afectaciones a la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica.
La iniciativa, presentada por la asambleísta Inés Alarcón, busca que el Legislativo ejerza sus atribuciones de control político frente a las denuncias relacionadas con el funcionamiento de estos sistemas.
Como parte del proceso de fiscalización, la comisión podrá requerir información, documentación e informes técnicos, además de convocar a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y demás personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
La resolución también dispone que la mesa legislativa presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 90 días contados desde su notificación, un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de la investigación.
Durante su intervención, Alarcón denunció un presunto uso irregular de los sistemas de videovigilancia del Municipio de Quito con fines de espionaje. Señaló que los exfuncionarios de la extinta SENAIN ocuparían cargos estratégicos en áreas de seguridad municipal y cuestionó su contratación. Además, anunció que solicitará a la Contraloría General del Estado la realización de auditorías al sistema de videovigilancia y al personal involucrado, así como al Ministerio del Trabajo la verificación de los perfiles de los funcionarios.
La legisladora advirtió que, de comprobarse las denuncias, podrían haberse vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Además, podrían configurarse posibles responsabilidades administrativas y penales.
Finalmente, el Pleno dispuso que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita la resolución al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y los fines pertinentes.
JC
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