En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, unificado, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al penalista Francisco Valencia, quien expresó su respaldo a la iniciativa, al considerar que corrige vacíos normativos históricos y fortalece las herramientas jurídicas del Estado para combatir las redes de trata de personas.
Valencia destacó que la propuesta incorpora un enfoque acorde con la realidad psicológica y criminológica de las víctimas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces no se reconocen como tales debido a la manipulación y al entorno familiar en el que ocurre la explotación.
En ese contexto, respaldó las reformas a los artículos 91 y 101 del Código Orgánico Integral Penal, al considerar que eliminan obstáculos probatorios y permiten centrar la investigación en la finalidad de la explotación, en cumplimiento de los estándares internacionales y de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa.
Asimismo, enfatizó la importancia de crear fiscalías especializadas en trata de personas, dotadas de capacidades técnicas para investigar estructuras criminales que operan mediante plataformas digitales, redes sociales y mecanismos financieros complejos. También apoyó las disposiciones orientadas a fortalecer el rastreo y recuperación de activos ilícitos, así como las medidas de control preventivo sobre ofertas de empleo fraudulentas y perfiles sospechosos en entornos virtuales.
Finalmente, resaltó que el proyecto incorpora un enfoque garantista al asegurar que las víctimas accedan de manera inmediata a asistencia jurídica, atención médica, apoyo psicológico y albergue, sin que estos derechos dependan de la presentación de una denuncia o de su participación en un proceso penal. Además, valoró la inclusión del principio de no criminalización de las víctimas de trata y afirmó que la reforma representa un avance significativo para fortalecer la respuesta del Estado frente a este delito.
MEV
