En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió la comparecencia del experto Ricardo Salazar, quien presentó observaciones orientadas a fortalecer el articulado de la propuesta normativa.
Durante la sesión, Salazar destacó la pertinencia de la iniciativa legislativa, al considerar que responde a un vacío normativo respecto de los procesos de deportación masiva de ciudadanos ecuatorianos desde el exterior. Señaló que, pese al carácter garantista de la Constitución, actualmente no existe una regulación específica sobre este tipo de procedimientos, por lo que calificó la reforma como necesaria y urgente.
Como una de sus principales observaciones, propuso fortalecer la definición de “deportación masiva” contemplada en el proyecto de ley, mediante una conceptualización más amplia que permita delimitar con mayor precisión el alcance jurídico de esta figura, más allá del número de personas deportadas en un mismo proceso.
Asimismo, resaltó positivamente las disposiciones orientadas a garantizar atención integral a las personas deportadas, entre ellas el acceso a servicios de salud mental, apoyo psicosocial y programas de reintegración social, educativa y productiva. No obstante, expresó inquietudes sobre la viabilidad de implementar estas medidas si la normativa establece que no implicarán incrementos en el gasto público, considerando que este tipo de acciones requiere respaldo presupuestario.
En ese contexto, sugirió analizar mecanismos de financiamiento dentro del marco previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, particularmente mediante la identificación de fuentes vinculadas a gastos de inversión que permitan garantizar la ejecución efectiva de las políticas contempladas en la ley.
Respecto de la cooperación internacional prevista en el proyecto, planteó incorporar expresamente el principio de no intervención en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el propósito de reforzar el respeto a la soberanía del Estado ecuatoriano durante la implementación de acciones coordinadas con otros países.
Previo a concluir, recomendó ampliar el contenido de la disposición transitoria relacionada con la adecuación de protocolos institucionales, incorporando plazos específicos para el desarrollo de sistemas de interconexión informática entre instituciones y la elaboración de un protocolo integral de atención a las personas deportadas, que establezca procedimientos claros desde su arribo al país hasta su proceso de acogida y reintegración.
MEV
