La Comisión de Fiscalización y Control Político, este miércoles 1 de julio, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones de las autoridades responsables del manejo y tratamiento del agua en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), recibió información sobre las acciones desarrolladas por la Contraloría General del Estado.
Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, informó que la institución ha dado respuesta a los requerimientos de información en varios ámbitos, entre ellos, las plantas de tratamiento de agua. Señaló que, entre 2016 y lo que va de 2026, se emitieron 610 informes de auditoría a empresas municipales de agua potable, de los cuales 62 contienen indicios de responsabilidad penal.
Explicó que los ejes temáticos de las auditorías se centran en la operación e infraestructura hídrica, así como en los procesos precontractuales, contractuales y de adjudicación de obras en este ámbito. Además, se evaluó el nivel de desempeño de las empresas, incluyendo la gestión de las unidades de talento humano.
Respecto de la planta de tratamiento de agua de La Estancilla, que abastece a los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua, en la provincia de Manabí, Sulca indicó que se elaboraron cuatro informes generales de auditoría relacionados con la gestión comercial y financiera; el control y aseguramiento de activos; y la recuperación de los gastos efectuados.
Precisó, además, que se desarrollaron 155 informes, 13 de ellos con indicios de responsabilidad penal, relacionados con la aplicación de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción posterior al terremoto del 16 de abril de 2016, en la provincia de Manabí.
Añadió que estas acciones demuestran que la Contraloría ha actuado de manera oportuna para salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos por parte de las empresas encargadas de prestar los servicios de manejo y tratamiento del agua en los gobiernos autónomos descentralizados.
Finalmente, aseguró que la entidad de control ha implementado canales presenciales y virtuales para receptar y procesar las denuncias ciudadanas. Indicó que, de conformidad con el reglamento correspondiente, toda denuncia debe contar con el reconocimiento de la firma y la rúbrica del denunciante. Una vez cumplido este requisito, la Contraloría ejecuta las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias.
EG
