El tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado "Ley Antimafias", continuó con la recepción de aportes por parte de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia de la República. La delegación estuvo liderada por el subsecretario general de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Marco Sánchez Salazar, e integrada por los funcionarios Fabricio Giler y Vicente Vinachi.
Durante su comparecencia, los delegados plantearon la creación de un régimen especial para la administración de bienes incautados, con el fin de dotar al Estado de herramientas legales que permitan gestionar estos activos de manera más eficiente. Explicaron que este mecanismo posibilitaría la venta anticipada de bienes muebles e inmuebles, sin depender exclusivamente de la figura del abandono, lo que contribuiría a reducir los costos asociados con su custodia, mantenimiento y administración.
Asimismo, destacaron la necesidad de regular el aprovechamiento de los frutos o ingresos que generan los bienes arrendados mientras permanecen bajo administración estatal. Señalaron que actualmente no existe una normativa que establezca qué porcentaje de esos recursos corresponde al Estado y cuál debe devolverse al propietario en caso de que el bien sea restituido por disposición judicial. Esta falta de regulación, indicaron, ha dado lugar a decisiones judiciales dispares, incluso en procesos en los que se ha ordenado devolver tanto el inmueble como la totalidad de los ingresos obtenidos por su arrendamiento.
Los funcionarios también enfatizaron que los bienes incautados no deberían administrarse bajo el mismo régimen aplicable a los bienes públicos, ya que continúan inscritos a nombre de las personas procesadas. A su criterio, esta situación genera múltiples dificultades operativas, pues las normas de contratación pública, las disposiciones de la Contraloría General del Estado, y los procedimientos administrativos vigentes limitan la contratación de avalúos, la obtención de certificados de gravámenes, la actualización de catastros y la realización de estudios de mercado para fijar valores competitivos de arrendamiento.
Finalmente, se comprometieron a remitir a la comisión un proyecto que contenga los lineamientos de un régimen especial para la administración de bienes incautados, que incluya no solo la enajenación anticipada, sino también todos los aspectos relacionados con su gestión y administración eficiente.
JC
Más fotografías
