La Comisión de Gobiernos Autónomos avanzó en el estudio del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social (unificado), previo a la elaboración del informe para primer debate. En esta jornada, recibió a José Andrés López, especialista en planificación y gestión estratégica, quien expuso un análisis técnico sobre los principales desafíos para el acceso a una vivienda digna en el país.
López señaló que el déficit habitacional alcanza al 46,2 % de los hogares ecuatorianos, problemática que no solo se refleja en la falta de viviendas, sino también en las deficientes condiciones de habitabilidad. Añadió que alrededor de 1,5 millones de personas viven en situación de hacinamiento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas en esta materia.
El especialista destacó que el acceso al suelo, el financiamiento y la generación de conocimiento constituyen tres pilares fundamentales para impulsar la vivienda de interés social. A su criterio, la articulación de estos factores permitirá incrementar la oferta de viviendas dignas, adecuadas y sostenibles para las familias ecuatorianas.
Asimismo, presentó un análisis de las fortalezas, riesgos y aspectos susceptibles de mejora de las iniciativas legislativas impulsadas por los asambleístas Lucía Pozo y Johnny Terán, orientadas a reformar la normativa vigente.
Como aporte al debate legislativo, planteó diez recomendaciones para fortalecer el proyecto de ley y garantizar que la reforma incentive una mayor oferta de vivienda de interés social, sin descuidar la protección de los grupos de atención prioritaria.
Entre sus propuestas constan la revisión del arrendamiento con opción de compra; la evaluación del arrendamiento social mediante alianzas público-privadas; el equilibrio entre la demanda y la oferta; la articulación de incentivos fiscales; una gestión eficiente del suelo con medidas para prevenir la especulación; el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la optimización de plazos; la definición de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; la incorporación de un enfoque de género y de protección de los grupos prioritarios; y el fortalecimiento de los sistemas de información, transparencia y evaluación de la política pública.
AM
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