En el marco del proceso de fiscalización a los gobiernos autónomos descentralizados, la Comisión de Régimen Económico recibió información de la Contraloría General del Estado sobre los resultados de las acciones de control ejecutadas entre 2016 y 2026, las cuales evidencian varios casos con indicios de responsabilidad penal (IRP).
La subcontralora de Auditoría de la Contraloría, Gabriela Sulca, informó que, en el periodo analizado, la institución emitió 5.229 informes de control: 4.455 informes generales y 774 IRP.
Respecto de la distribución territorial, señaló que en la Amazonía se elaboraron 794 informes generales y 171 con indicios de responsabilidad penal, para un total de 965. En la Costa se emitieron 1.416 informes generales y 288 con indicios de responsabilidad penal, que suman 1.704 informes. En la región Insular se registraron 72 informes generales y uno con indicios de responsabilidad penal, con un total de 73. Mientras tanto, en la Sierra se contabilizaron 2.173 informes generales y 314 con indicios de responsabilidad penal, para un total de 2.487 informes.
La funcionaria explicó que las acciones de control se enfocaron principalmente en los procesos de contratación pública, mediante un análisis integral de las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios y contratación de consultorías. Asimismo, se revisaron contratos relacionados con servicios de comunicación, publicidad y propaganda ejecutados bajo regímenes especiales.
Añadió que las auditorías también abarcaron la gestión del talento humano, con énfasis en la verificación del cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público, la administración de la nómina y la pertinencia del gasto en personal.
En el debate, los legisladores formularon consultas sobre las acciones de control desarrolladas en la provincia de Sucumbíos, la articulación entre el control político y el control gubernamental, así como otros aspectos relacionados con los mecanismos de fiscalización aplicados a los gobiernos autónomos descentralizados y los impulsos ante los IRP.
La mesa legislativa continuará este proceso de fiscalización en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.
AM
