La Comisión de Seguridad Integral continuó, este viernes, el proceso de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso a los sistemas de videovigilancia administrados por la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP. Durante la sesión también avanzó en el tratamiento de iniciativas legislativas relacionadas con telecomunicaciones, videovigilancia y el uso legítimo de la fuerza.
Como parte del proceso de fiscalización, compareció el gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, quien presentó un correo electrónico fechado el 20 de noviembre de 2024, dirigido a la Gerencia de Tecnologías de la Información, en el que se solicita la instalación de un "espejo de monitoreo" en una oficina del tercer piso del Palacio Municipal, en la Dirección de Aseo Cantonal. Este documento fue incorporado como parte de la información entregada a la comisión.
Anchundia explicó que la solicitud fue tramitada por un técnico del Centro de Vigilancia de Segura EP, en cumplimiento de disposiciones emitidas por la Presidencia de la empresa, cargo que en ese momento ejercía Fernando Cornejo. Precisó que el enlace de comunicación entre el Palacio Municipal y Segura EP ya se encontraba operativo; sin embargo, posteriormente se habilitaron usuarios con acceso al sistema de videovigilancia, conforme a las funciones y responsabilidades asignadas a determinadas autoridades.
Asimismo, señaló que, desde la creación de la empresa, se han entregado más de 17.000 videos a la Fiscalía General del Estado mediante la plataforma SAIFJ, siguiendo los procedimientos legales establecidos, incluso desde la época en que el sistema era administrado por el ECU-911. En cuanto a la coordinación institucional, informó que desde febrero de este año se ha fortalecido el trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y otras entidades, con el propósito de mejorar la respuesta operativa y la articulación de acciones en territorio. Al concluir este punto del orden del día, la Comisión de Seguridad Integral resolvió convocar a una próxima comparecencia a Fernando Cornejo.
En otro tema, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Sistema de Videovigilancia, compareció el gerente de Tecnología de GSMA para Argentina, Alfredo Vitas.
Vitas señaló que, frente a soluciones para bloquear o controlar llamadas desde centros penitenciarios, el Estado debe ser el responsable exclusivo de la seguridad y de la implementación de estas medidas, definiendo claramente los roles de cada actor. Indicó que los operadores móviles están dispuestos a colaborar ajustando sus redes, pero no pueden ni deben asumir la responsabilidad operativa o legal de estos sistemas.
Además, explicó que toda solución tecnológica pasa por etapas (diseño, despliegue, operación y mantenimiento), y que la operación diaria debe estar en manos del Estado. Añadió que no existe una solución única ni perfecta, ya que depende del contexto y del tipo de tecnología utilizada, por lo que pueden presentarse fallos y se requieren mecanismos de coordinación para ajustes.
Finalmente, la comisión avocó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y aprobó su unificación con el Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con el fin de continuar su tratamiento.
