El 16 de junio de 2026, Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción mediante el Decreto Ejecutivo 423, aplicable durante 60 días en diez provincias y tres cantones del país. La decisión, según el Gobierno, se justifica por una "grave conmoción interna" provocada por el avance de las organizaciones criminales y los hechos violentos registrados este año. Aunque esta vez no incluyó toque de queda, el decreto se suma a una larga secuencia de estados de excepción que han convertido esta herramienta extraordinaria en un mecanismo prácticamente permanente de gestión de la seguridad.
Hasta mayo de 2026, Ecuador acumulaba cerca de 900 días bajo estado de excepción durante la administración de Daniel Noboa, una cifra sin precedentes desde el retorno a la democracia. La reiteración de estas medidas plantea una pregunta inevitable: ¿la militarización de la seguridad pública ha logrado reducir de manera sostenible la violencia o, por el contrario, evidencia las limitaciones del Estado para recuperar el control territorial?
Los datos disponibles del propio gobierno, muestran un panorama complejo. El Ecuador cerró 2025 con 9.282 homicidios, el registro más alto en la historia de nuestra república y una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, que consolidó al país como el más violento de la región. Entonces, ni los estados de excepción, ni los toques de queda, ni la presencia permanente de militares consiguieron contener una violencia que continuó expandiéndose hacia nuevas zonas del territorio nacional.
Aunque, el gobierno sostiene que los homicidios han disminuido en los primeros cinco meses de 2026, respecto al mismo periodo del año pasado, esta afirmación requiere contextualizarse. Una reducción respecto del año más violento de la historia no implica necesariamente una normalización de los niveles de violencia, sino una comparación con un punto de partida extraordinariamente alto. Incluso con esa disminución, el Ecuador continúa registrando tasas de homicidios muy superiores a las observadas antes de la expansión del crimen organizado y permanece entre los países más violentos de la región.
La evolución territorial de los homicidios demuestra que la aparente mejora de las cifras nacionales no ha significado una pacificación del país como sostiene el gobierno, sino una reconfiguración de la violencia. Entre enero y mayo de 2026, las muertes violentas disminuyeron de 4.085 a 3.485 casos, con reducciones importantes en Guayaquil -27,8%, Durán -51 %, etc. Sin embargo, al mismo tiempo 82 cantones registraron un aumento de homicidios, evidenciando un desplazamiento de la criminalidad hacia nuevos territorios. Los incrementos más preocupantes se observaron en Machala, donde los asesinatos crecieron de 118 a 193 casos +64 %; Vinces, que pasó de 8 a 37 homicidios +363%; Pasaje, de 26 a 53 +104; y Montecristi, de 34 a 60 +76,5 %. Incluso ciudades de la Sierra, tradicionalmente menos violentas, comenzaron a reflejar esta expansión de violencia: Cuenca pasó de 3 a 18 homicidios, Pedro Moncayo de 1 a 7, Tulcán de 1 a 5 y Otavalo de 1 a 4. Estas cifras muestran que el crimen organizado ha mutado y desplazado sus operaciones hacia nuevos territorios, manteniendo vigente la crisis de seguridad que enfrenta el país.
El nuevo estado de excepción ilustra esta paradoja. El decreto justifica la medida mediante informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia que identifican altos niveles de riesgo en provincias estratégicas para el narcotráfico como Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Sucumbíos, además de distritos específicos de Quito y Guayaquil. Es decir, después de más de dos años de sucesivas declaratorias excepcionales, el propio gobierno reconoce que los principales corredores del crimen organizado continúan operando y requieren nuevamente medidas extraordinarias para intentar recuperar el control.
Este escenario es la muestra vidente del debilitamiento estatal y la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza. Cuando organizaciones criminales ejercen control territorial, administran economías ilegales e imponen mecanismos propios de coerción, el Estado deja de ser el único actor capaz de garantizar el orden público. La presencia de grupos armados, la corrupción institucional, la limitada capacidad estatal y la insuficiencia de recursos para garantizar seguridad constituyen factores que erosionan la autoridad del Estado y facilitan la expansión de la violencia.
Desde esa perspectiva, frente a la reiteración de estados de excepción para enfrentar la delincuencia, la pregunta es inevitable: ¿el gobierno realmente está resolviendo el problema o simplemente administra una crisis que no logra controlar?. La excepcionalidad deja de ser excepcional cuando se convierte en una política permanente, dejando en evidencia que la estrategia no ha conseguido devolver al Estado el control efectivo del territorio.
El uso recurrente de la narrativa de guerra constituye más una estrategia de dominación política que una política pública de seguridad eficaz. La creciente influencia militar sobre decisiones estratégicas no ha estado acompañada de resultados consistentes en la reducción estructural de la violencia y, en determinados contextos, incluso puede generar verdaderas tragedias como el caso de los 4 menores de edad de las Malvinas: Steven, Josué, Ismael y Nehemías, víctimas del delito de desaparición forzada, donde los autores materiales e intelectuales fueron miembros activos de las Fuerzas Armadas utilizando recursos públicos, vehículos y armas oficiales.
La estrategia del gobierno también se ha inspirado en modelos de "mano dura", particularmente en la experiencia salvadoreña de Nayib Bukele. La construcción de la cárcel de máxima seguridad "Encuentro", el fortalecimiento del discurso del conflicto armado interno y la ampliación del protagonismo de las Fuerzas Armadas reflejan esa orientación. Sin embargo, Ecuador presenta diferencias institucionales, territoriales y criminales significativas respecto de El Salvador. Las organizaciones delictivas ecuatorianas mantienen fuertes vínculos con redes internacionales de narcotráfico y operan sobre corredores logísticos de exportación de cocaína, lo que dificulta replicar mecánicamente estrategias aplicadas en otros contextos, sin un plan de seguridad integral.
La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza exige fortalecer simultáneamente la capacidad investigativa, el sistema judicial, los mecanismos de control anticorrupción, la inteligencia criminal y la presencia efectiva del Estado en los territorios más vulnerables. Sin esas condiciones, la intervención militar puede contener episodios específicos de violencia, pero difícilmente modificará las estructuras que permiten la reproducción del crimen organizado.
Los sucesivos estados de excepción decretados por el gobierno de Noboa reflejan, en consecuencia, una política orientada principalmente a la contención inmediata del fenómeno criminal. No obstante, la persistencia de altos niveles de homicidios, la expansión territorial de las organizaciones delictivas y la necesidad recurrente de suspender derechos constitucionales sugieren que los resultados obtenidos siguen siendo insuficientes para revertir la crisis de seguridad que atraviesa el país. Pese al endurecimiento del discurso y a la militarización creciente de la respuesta estatal, nuestro país continúa enfrentando profundas debilidades institucionales que limitan la eficacia de una estrategia centrada casi exclusivamente en medidas extraordinarias. Más que una solución definitiva, los estados de excepción parecen haberse convertido en el síntoma más visible de que la violencia sigue superando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
