A fin de fortalecer el marco legal ante el incremento del tráfico ilegal de especies silvestres y del crimen ambiental organizado, la asambleísta por la provincia del Azuay, Camila León, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la Protección Integral de la Biodiversidad, Recursos Naturales, Patrimonio Natural y Ecosistemas.
Durante la presentación, la legisladora señaló que la riqueza natural del Ecuador constituye un patrimonio estratégico que debe ser protegido con mayor firmeza. Recordó el reciente caso del intento de tráfico de iguanas de Galápagos por parte de ciudadanos extranjeros como una muestra de la vulnerabilidad de las especies ecuatorianas y de la necesidad de contar con sanciones proporcionales a la gravedad de estos delitos.
"Cada especie que desaparece representa una pérdida irreversible para nuestra biodiversidad. No podemos permitir que el tráfico de fauna y flora continúe siendo sancionado con penas que no reflejan el daño ocasionado al patrimonio natural del país", afirmó.
La propuesta plantea incrementar las penas privativas de libertad de las actuales sanciones de uno a tres años a un rango de 16 a 20 años para quienes cacen, capturen, transporten, almacenen, trafiquen, comercialicen, o se beneficien del tráfico de especies de flora y fauna silvestres protegidas. Estas sanciones también se aplicarán a financistas, intermediarios, transportistas, exportadores, operadores logísticos, compradores y demás personas que participen en estas actividades ilícitas.
Asimismo, el proyecto incorpora circunstancias agravantes cuando los delitos se cometan contra especies amenazadas o endémicas, dentro de áreas protegidas o del Régimen Especial de Galápagos, durante periodos de reproducción o veda, mediante técnicas prohibidas, con participación de estructuras de delincuencia organizada, servidores públicos o en casos de reincidencia.
La iniciativa también contempla mecanismos para fortalecer la protección de quienes denuncien estos delitos, con el objetivo de combatir la impunidad y fomentar la participación ciudadana en la defensa del patrimonio natural.
El proyecto, integrado por cuatro artículos y una disposición final, responde a la necesidad de dotar al Ecuador de herramientas jurídicas modernas y eficaces para enfrentar el crimen ambiental y garantizar la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas para las generaciones presentes y futuras.
RSA
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