La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió a Andrés Suárez, docente y litigante experto en derecho penal, constitucional y derechos humanos, quien presentó sus observaciones al Proyecto de Ley Reformatoria de los títulos III y IV del Libro IV del Código de la Niñez y Adolescencia, relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor.
Suárez observó que la propuesta se enfoca en incrementar penas, ampliar los plazos de internamiento preventivo y extender los tiempos de prescripción, al considerar que estas medidas “no han demostrado ser efectivas para reducir la criminalidad”.
Afirmó que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que las reformas deben armonizarse con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales establecen que la privación de libertad de adolescentes debe aplicarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
Asimismo, señaló que el país mantiene pendiente la implementación de centros especializados para adolescentes privados de libertad y propuso la creación de juzgados especializados en materia de adolescentes infractores, independientes de las unidades de familia, para garantizar un tratamiento diferenciado y acorde con los estándares constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Finalmente, habló sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención temprana, perseguir a los reclutadores y atender las condiciones de vulnerabilidad que afectan a niñas, niños y adolescentes, como la violencia, las adicciones y la desintegración familiar.
MEV
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