La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que analiza el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Utilización y Uso de Niños, Niñas y Adolescentes por Organizaciones Criminales recibió a Alejandro Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, quien expresó su respaldo a la propuesta y destacó que representa un cambio de paradigma para enfrentar uno de los principales mecanismos de expansión del crimen organizado.
El experto explicó que el reclutamiento de menores de edad no debe abordarse únicamente como un problema de seguridad, sino como el resultado de brechas sociales relacionadas con la pobreza, la exclusión, la falta de acceso a la educación, el empleo y las oportunidades, factores que son aprovechados por las organizaciones criminales para captar nuevos integrantes.
Entre los principales aportes al proyecto, resaltó la incorporación de medidas para enfrentar el reclutamiento digital, modalidad que, según indicó, ha cobrado fuerza mediante el uso de redes sociales, videojuegos y plataformas de comunicación, desde donde las estructuras criminales establecen contacto con niños y adolescentes, incluso operando desde las cárceles.
Asimismo, valoró que la propuesta incorpore el concepto de pertenencia funcional dentro de las organizaciones criminales, lo que permitirá identificar y sancionar las diferentes funciones que desempeñan sus integrantes, desde labores de vigilancia, transporte de armas y microtráfico hasta actividades relacionadas con el sicariato, fortaleciendo la capacidad del Estado para desarticular estas redes.
Campos señaló que las organizaciones criminales recurren a niños y adolescentes porque representan una mano de obra de bajo costo y con menor riesgo penal, lo que incrementa la rentabilidad de las economías ilícitas. En ese sentido, respaldó el endurecimiento de las sanciones previstas en el proyecto, enfatizando que las penas deben dirigirse contra los adultos responsables del reclutamiento, considerando que los menores son víctimas de manipulación y carecen de capacidad para otorgar un consentimiento libre e informado.
Al compartir la experiencia de El Salvador, recordó que las pandillas utilizaban a niños para transportar mensajes, dinero y teléfonos celulares, además de realizar labores de vigilancia y participar en actividades de extorsión. Explicó que la reducción de este fenómeno fue posible gracias a la desarticulación de las organizaciones criminales y al fortalecimiento de las sanciones contra reclutadores y colaboradores, más que mediante acciones enfocadas exclusivamente en los menores involucrados.
Campos destacó que la propuesta ecuatoriana presenta avances respecto de otras legislaciones de la región, al establecer una tipificación más clara sobre la participación funcional dentro de las estructuras criminales, lo que contribuirá a mejorar la investigación y judicialización de estos delitos.
Finalmente, recomendó que esta reforma esté respaldada por una política pública integral y con asignación presupuestaria, articulando acciones de seguridad, educación, salud, cultura, deporte y desarrollo social para reducir los factores de riesgo.
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que las observaciones recibidas fortalecerán el proyecto de ley, además reiteró el compromiso de construir una normativa sólida que permita proteger de manera efectiva a la niñez y adolescencia frente a las redes del crimen organizado.
JC
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