La Comisión de Seguridad Integral continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, “Ley Antimafias”, con la recepción de los aportes de Héctor Tapia, docente y experto en seguridad, así como de delegados de la Superintendencia de Compañías.
Tapia propuso robustecer el proyecto mediante la incorporación de una definición precisa de "mafia", diferenciándola de otras organizaciones delictivas, así como incluir el concepto de criminalidad compleja y delimitar con mayor claridad las estructuras criminales contempladas en la norma.
En el ámbito procesal, recomendó que el país cuente con una política criminal integral que oriente la persecución del crimen organizado, ampliar hasta 24 meses la prisión preventiva en casos de criminalidad compleja, fortalecer la especialización en peritajes relacionados con criptolavado y priorizar la recuperación de activos ilícitos mediante mecanismos como el comiso y la confiscación.
También planteó crear una Sala Especializada en Criminalidad Compleja dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, fortalecer la cooperación internacional mediante equipos conjuntos de investigación y ampliar los acuerdos con otros países para enfrentar delitos transnacionales. Además, sugirió implementar un sistema de gestión de macrocasos que permita vincular investigaciones relacionadas y evitar que los procesos sean analizados de manera aislada. Enfatizó que el proyecto requiere un sólido sustento técnico para garantizar su correcta aplicación y evitar interpretaciones políticas.
Por su parte, los delegados de la Superintendencia de Compañías, Luis Idrovo, intendente nacional, y Verónica Rodríguez, asesora del superintendente, señalaron que el proyecto no modifica las competencias de la institución. Sin embargo, presentaron varias observaciones y propuestas para fortalecer el tratamiento de las personas jurídicas vinculadas a procesos penales por delincuencia organizada, así como para reforzar los mecanismos de control y supervisión del Estado sobre las empresas involucradas en este tipo de delitos.
Entre sus principales aportes plantearon fijar un plazo máximo de un año para la intervención de compañías, al considerar que esta medida debe ser excepcional, temporal y correctiva. Asimismo, recomendaron crear un régimen de administración temporal que impida que empresas investigadas continúen siendo dirigidas por representantes procesados y que, cuando corresponda, dicha administración sea asumida por el Servicio Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
En materia sancionatoria, propusieron sustituir la disolución de compañías por la cancelación definitiva de la personalidad jurídica, al considerar que esta medida evita que empresas condenadas continúen operando o sean reutilizadas para actividades ilícitas. Señalaron que estas reformas permitirían un control más eficiente de las personas jurídicas durante y después del proceso penal, fortaleciendo las capacidades institucionales del Estado para combatir el crimen organizado.
La comisión continuará recibiendo criterios técnicos e institucionales con el propósito de enriquecer el articulado de la Ley Antimafias.
JC
