El fortalecimiento de la salud mental, la detección temprana de factores de riesgo y la coordinación interinstitucional fueron los principales aportes expuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, que tramita la Comisión de Transparencia.
En representación de la cartera de Estado, la subdirectora nacional de Calidad, Seguridad del Paciente y Control Sanitario, Vanessa Villavicencio, ratificó el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental, prevención y atención integral.
La funcionaria destacó el decreto mediante el cual el presidente Daniel Noboa Azin declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras delictivas. Asimismo, recordó que esta disposición dio paso a la creación del Comité para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (Copruunna), instancia encargada de coordinar el diseño e implementación de políticas públicas integrales en esta materia.
Villavicencio explicó que la propuesta normativa incorpora un enfoque preventivo, intersectorial y basado en derechos humanos, orientado a fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo, la atención integral, la salud mental, la prevención de adicciones, la articulación interinstitucional y la continuidad de los cuidados. Añadió que estos elementos forman parte de las competencias de la Autoridad Sanitaria Nacional y se alinean con los principios constitucionales del interés superior de la niñez y la protección integral.
Entre las observaciones formuladas por el MSP, se destacó la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana, la salud mental comunitaria, la protección familiar, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la capacidad instalada de las instituciones responsables.
También señaló que la institución busca consolidar acciones preventivas desde la salud pública mediante atención psicológica, procesos de rehabilitación, reinserción educativa, fortalecimiento familiar, prevención de riesgos en entornos digitales y seguimiento clínico.
Respecto al financiamiento de las nuevas obligaciones previstas en la ley, precisó que estas se ejecutarán a través de la coordinación entre las instituciones competentes y el aprovechamiento de las estructuras existentes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y sin crear nuevas entidades.
“La protección de niñas, niños y adolescentes exige una respuesta articulada entre los sectores de salud, educación, protección social, justicia y seguridad”, concluyó.
AM
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