Como parte del proceso de evaluación y seguimiento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, particularmente en lo relacionado con los requisitos, las condiciones y la edad para solicitar la rectificación de la identidad de género, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana conoció las acciones del Registro Civil respecto de la sentencia 4-24-CN/26, emitida el 5 de febrero de 2026 por la Corte Constitucional.
María José Rentería, coordinadora jurídica de la Dirección General de Registro Civil, explicó las acciones adoptadas por la institución para dar cumplimiento a la resolución, que fue notificada el 11 de marzo de este año.
Indicó que la sentencia ha sido socializada entre los funcionarios de la entidad y que, desde su notificación, únicamente se ha recibido una solicitud de rectificación de la identidad de género correspondiente a un menor de 12 años.
Señaló que el trámite permanece en análisis, pues la sentencia no modificó el artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, de modo que persisten vacíos jurídicos relacionados con el procedimiento aplicable.
Entre los aspectos que aún requieren definición constan el contenido del informe psicosocial, la autoridad competente para emitirlo y los parámetros que permitan evaluar el grado de madurez de la persona solicitante.
Víctor Oquendo, también delegado del Registro Civil, amplió la información sobre los informes psicosocial y social requeridos para este tipo de trámites y las implicaciones jurídicas derivadas de la sentencia.
Durante la sesión se recordó que la Corte Constitucional también notificó el contenido de la sentencia a la Asamblea Nacional para los fines legales correspondientes.
Al concluir las dos intervenciones, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome, ratificó que continuará el seguimiento a la aplicación de la normativa. Destacó la necesidad de contar con reglas claras que garanticen seguridad jurídica y señaló que corresponde a la Asamblea Nacional analizar las reformas o derogatorias que resulten necesarias para dotar de mayor claridad al marco legal vigente.
AM
