Con el propósito de verificar en territorio las condiciones en las que se presta la atención médica en la Amazonía, los asambleístas Gustavo Mateus y Eliana Correa realizaron, los días 22 y 23 de julio, un recorrido de fiscalización por hospitales y centros de salud pública de Tena y Puyo.
La jornada inició en Tena con la visita al Hospital General José María Velasco Ibarra. Desde el ingreso se registraron obstáculos para el ejercicio de la fiscalización. Personal de seguridad privada intentó restringir el acceso y posteriormente impedir que los legisladores continuaran con el recorrido, pese a que la Constitución y la ley les otorgan la facultad de ejercer control político sobre la gestión de las instituciones públicas.
Como consecuencia de estas restricciones, los asambleístas únicamente pudieron verificar el área de farmacia, donde constataron que el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 40 %, un porcentaje muy por debajo del nivel necesario para garantizar una atención adecuada. Esta realidad se traduce en pacientes que, en medio de una enfermedad, deben esperar o adquirir por su cuenta los medicamentos que el sistema público de salud debería garantizar.
La visita continuó en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día del IESS y en el Centro de Salud Satelital. En el área de lavandería, un servidor informó a los legisladores que la maquinaria utilizada para el lavado de ropa hospitalaria había dejado de funcionar y que, pese a las advertencias realizadas con anterioridad sobre su estado, no se ejecutaron las acciones necesarias para evitar su colapso. Esta situación compromete un servicio esencial para el funcionamiento del establecimiento de salud. Asimismo, en el Centro de Salud Satelital se evidenciaron problemas de mantenimiento, limitaciones en la infraestructura y escasez de medicamentos. A ello se suman los testimonios de usuarios que relataron que, con frecuencia, deben adquirir los fármacos prescritos con sus propios recursos debido al desabastecimiento en las unidades de salud.
Al día siguiente, la fiscalización se trasladó a Puyo, donde los legisladores recorrieron el Hospital General Puyo, el Hospital Básico del IESS y el Centro de Salud Urbano. Allí constataron que las dificultades observadas en Napo también se reflejan en Pastaza, especialmente en la capacidad de respuesta del sistema. Entre los principales hallazgos se identificaron demoras para acceder a citas médicas, limitaciones en la prestación de servicios y la reducida capacidad operativa del parque automotor, pues apenas una ambulancia se encontraba parcialmente operativa para atender la demanda de la ciudad y sus zonas de influencia.
Para los legisladores, lo constatado durante los dos días de recorrido confirma una realidad que miles de ciudadanos vienen denunciando desde hace varios meses: el sistema público de salud continúa enfrentando serias limitaciones para garantizar una atención oportuna y de calidad. La escasez de medicamentos, las falencias operativas y las condiciones en las que funcionan varios establecimientos terminan trasladando el peso de la crisis a los pacientes y sus familias.
Gustavo Mateus y Eliana Correa señalaron que esta fiscalización constituye el inicio de nuevas acciones de control político. La información recopilada servirá para exigir al Gobierno Nacional la adopción inmediata de medidas que fortalezcan la red pública de salud y garanticen que ninguna familia del país tenga que enfrentar una enfermedad sin la atención, los medicamentos y los recursos que el Estado tiene la obligación de proporcionar.
Nacido en Guayaquil y migrante en Europa entre 1999 y 2021. En Ecuador dedicado al trabajo social y a la docencia de idiomas. En España entregado al servicio consular, de octubre 1999 a mayo 2007 como empleado contratado en el Consulado del Ecuador en Madrid, y de junio 2007 a septiembre 2017 como Cónsul General del Ecuador en Madrid y luego en Murcia, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Como un migrante más, es conocedor del sacrificio y las necesidades de la comunidad migrante. De 2019 al 2020 trabajó en hostelería y restauración en Londres; fue voluntario en una organización de ayuda a los más vulnerables y sin techo; y miembro de un sindicato de trabajadores en defensa de sus derechos laborales.
Asambleísta representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía durante los períodos 2021–2023 y 2023–2025. En febrero de 2025, la comunidad migrante renovó su confianza al elegirlo nuevamente como su representante en la Asamblea Nacional para el período 2025–2029.
Fue miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional; integró la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana; fue secretario del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Personas en Movilidad Humana y ejerció las funciones de presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre la República del Ecuador y la Unión Europea. Actualmente es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Junto a su alterna Noelia Palacios Muñoz y sus compañeras y compañeros de despacho, están comprometidos en defender los derechos de los ecuatorianos dentro y fuera de la Patria.
