Los asambleístas Gustavo Mateus, Eliana Correa y Jahirén Noriega fueron impedidos de realizar una fiscalización en el Centro de Salud de San Antonio de Pichincha, luego de que personal de seguridad les negara el acceso a las diferentes áreas del establecimiento. Aunque los legisladores lograron ingresar al área de espera y dialogar con los pacientes, no se les permitió continuar con el recorrido previsto para verificar las condiciones de atención y el funcionamiento de la unidad de salud.
Durante su permanencia en la sala de espera, los legisladores conversaron con varios pacientes, quienes manifestaron su preocupación por las demoras en la asignación de citas médicas y por la falta de medicamentos, situación que, según indicaron, los obliga con frecuencia a adquirir los medicamentos con sus propios recursos.
Cuando los asambleístas intentaron iniciar el recorrido por las instalaciones, personal de seguridad les solicitó abandonar el establecimiento. Posteriormente, la responsable del centro de salud manifestó que era necesario contar con una autorización previa del Ministerio de Salud Pública para realizar este tipo de visitas. Los legisladores recordaron que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa les otorgan la atribución de ejercer control político y fiscalizar la gestión de las instituciones públicas, sin que esta facultad esté condicionada a autorizaciones administrativas.
Ante la negativa de retirarse sin ejercer sus atribuciones constitucionales, desde el propio centro de salud se solicitó la presencia de la Policía Nacional con el propósito de retirar a los asambleístas y a sus equipos de trabajo de las instalaciones. Mientras se desarrollaba esta situación, las puertas del establecimiento fueron cerradas, impidiendo temporalmente el ingreso de pacientes que acudían para recibir atención médica o tenían citas previamente agendadas. La medida generó malestar entre los usuarios, quienes permanecieron a la espera de poder ingresar al centro de salud.
Para Gustavo Mateus, Eliana Correa y Jahirén Noriega, impedir el ejercicio de la fiscalización no resuelve las necesidades de los ciudadanos ni las deficiencias que enfrenta el sistema público de salud. Por el contrario, señalaron que este tipo de actuaciones refuerza la necesidad de que la Asamblea Nacional continúe ejerciendo control político en territorio para verificar las condiciones en las que se prestan los servicios públicos y recoger de primera mano las denuncias de la ciudadanía.
Los legisladores anunciaron que pondrán en conocimiento de las autoridades competentes lo ocurrido durante esta diligencia e incorporarán la información recogida en sus acciones de fiscalización sobre el sistema nacional de salud, con el fin de exigir al Gobierno Nacional medidas que garanticen el abastecimiento oportuno de medicamentos, una atención digna para los pacientes y el pleno respeto a las facultades de control político que la Constitución reconoce a la Asamblea Nacional.
Nacido en Guayaquil y migrante en Europa entre 1999 y 2021. En Ecuador dedicado al trabajo social y a la docencia de idiomas. En España entregado al servicio consular, de octubre 1999 a mayo 2007 como empleado contratado en el Consulado del Ecuador en Madrid, y de junio 2007 a septiembre 2017 como Cónsul General del Ecuador en Madrid y luego en Murcia, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Como un migrante más, es conocedor del sacrificio y las necesidades de la comunidad migrante. De 2019 al 2020 trabajó en hostelería y restauración en Londres; fue voluntario en una organización de ayuda a los más vulnerables y sin techo; y miembro de un sindicato de trabajadores en defensa de sus derechos laborales.
Asambleísta representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía durante los períodos 2021–2023 y 2023–2025. En febrero de 2025, la comunidad migrante renovó su confianza al elegirlo nuevamente como su representante en la Asamblea Nacional para el período 2025–2029.
Fue miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional; integró la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana; fue secretario del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Personas en Movilidad Humana y ejerció las funciones de presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre la República del Ecuador y la Unión Europea. Actualmente es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Junto a su alterna Noelia Palacios Muñoz y sus compañeras y compañeros de despacho, están comprometidos en defender los derechos de los ecuatorianos dentro y fuera de la Patria.
