En diez años, el servicio de la deuda pública casi se quintuplicó y hoy se lleva casi la mitad de todo lo que el Estado realmente gasta. En ese mismo tiempo, el gasto real en medicinas, equipos, uniformes e insumos cayó 58%, la ejecución en salud se partió por la mitad.
Quien va a la farmacia de un hospital público, le toca hacer fila: espera el turno, y cuando por fin llega, el medicamento simplemente no hay. El presupuesto del Estado también tiene su propia fila, con una regla: hay quien nunca espera, y hay quien siempre espera. A partir de esta premisa, revisemos el orden en esa fila presupuestaria.
Empecemos por el número que resume todo lo demás. De cada dólar que el Estado efectivamente gastó en el primer semestre —sumando el pago de capital de la deuda pública y sus intereses—, en el 2016 se iban 14,7 centavos a los acreedores. En 2026, se van 46,5 centavos: casi la mitad de todo el gasto público del primer semestre de este año. En dólares: el servicio de la deuda pasó de US$2.117,2 millones en 2016 a US$4.931,2 millones en 2025 y a US$10.448,9 millones en 2026 —casi cinco veces más que hace una década—.
La amortización del capital al primer semestre de este año alcanza un nivel de ejecución presupuestaria del 98,1% en 2026, esta prioridad se volvió casi absoluta. Y los intereses se han pagado al 50,4%. Dicho simple: al servicio de deuda se le paga cada vez más rápido, de lejos, más altos que cualquier partida de inversión social.
La inversión del Estado en bienes físicos y tangibles: bienes de consumo diario, insumos para inversión y equipo duradero (uniformes, combustible, medicamentos, instrumental médico, vehículos, maquinaria, etc), pasó de US$2.528,1 millones en 2016 a apenas US$1.052,7 millones en 2026: una caída del 58,4% en dólares corrientes, sin siquiera restar la inflación de diez años. En 2016, por cada dólar que el Estado destinaba a pagar deuda, gastaba US$1,19 en inversión: medicinas, patrullas, pupitres, mauinaria, etc. Diez años después esa relación se invirtió por completo: por cada dólar de inversión en bienes físicos, el Estado paga US$9,90 en deuda. Es la misma familia que antes gastaba un poco más en el mercado que en la tarjeta de crédito, y hoy gasta diez veces más en la tarjeta que en la comida de la semana.
Los bienes y servicios de consumo diario —combustible, alimentos, uniformes— ejecutaban 47,0% en 2016; cayeron a 42,8% en 2025 y a 36,9% en 2026. Los insumos que se compran para programas de inversión —medicamentos, instrumental médico, materiales de construcción— ejecuta apenas 13,5% en 2026. Y el bolsillo que peor se ve, el de los bienes de larga duración —vehículos, maquinaria, equipos médicos y odontológicos, mobiliario—, es de un mínimo de 2,1% en 2026. Es comprar, año tras año, menos herramientas para hacer el mismo trabajo.
Medido en porcentaje de ejecución, lo presupuestado frente a lo realmente gastado, la forma correcta de comparar años con presupuestos de tamaño distinto, cuatro de los cinco sectores sociales y de seguridad analizados ejecutan peor en 2026 que hace diez años y que hace un año. En Salud, la ejecución fue de 46,2% en 2016 (US$1.162,1 millones devengados), 44,3% en 2025 (US$1.273,0 millones) y se hunde a 21,8% en 2026 (US$1.216,6 millones). En Educación fue de 38,2% en 2016 (US$1.870,2 millones), 38,0% en 2025 (US$2.206,8 millones) y cae a 28,3% en 2026 (US$2.257,9 millones). En Asuntos Internos —policía, control migratorio, tránsito— fue de 49,0% en 2016 (US$820,0 millones), 47,9% en 2025 (US$977,6 millones) y baja a 43,6% en 2026 (US$1.013,4 millones). Y en Defensa Nacional fue de 45,6% en 2016 (US$734,2 millones), subió a 49,4% en 2025 (US$890,3 millones) y cayó a 42,4% en 2026 (US$863,8 millones). Nótese que en dólares, la inversión de estos cuatro sectores no cayó —incluso creció en la mayoría, es lo normal en una década, las demandas son mayores, el PGE es obviamente mucho mayor—. Lo que colapsó fue la eficiencia: el presupuesto asignado subió mucho más rápido que lo efectivamente gastado, es decir el presupuesto se queda en el papel. El gobierno ha decidido inmovilizar los recursos públicos.
El área de la Salud es el caso más preocupante: la ejecución se redujo a menos de la mitad de lo que era en 2016. Y aquí hay un matiz importante en dólares: el gasto real (el devengado) en salud no cayó —de hecho subió, aunqque apenas, de US$1.162,1 a US$1.216,6 millones—. Lo que se disparó fue el presupuesto asignado (el codificado): de US$2.518,0 a US$5.591,3 millones, un 122% más. Es como si a un empleado le triplicaran el sueldo en el papel, pero el banco solo le depositara una cuarta parte más: la promesa creció: el depósito, casi nada.
El gasto total efectivo del gobierno subió de US$14.363,9 millones (2016) a US$22.474,3 millones (2026): US$8.110,4 millones más. Pero el servicio de la deuda por sí solo creció US$8.331,7 millones en ese mismo período —más de todo el crecimiento total—. Es decir: si se resta la deuda, lo que el Estado gastó en todo lo demás junto —salud, educación, seguridad, defensa, sueldos, obras, todo— fue de US$12.025,4 millones en 2026, un poco menos que los US$12.246,7 millones de 2016. Diez años de crecimiento del gasto público, y ni un dólar de ese crecimiento llegó a nada que no fuera pagarle a los acreedores de la deuda pública. El manejo de la economía ecuatoriana, es hoy, el mejor ejemplo del neoliberalismo criollo.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
