El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que plantea ajustes normativos orientados a fortalecer el ejercicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
La propuesta contempla ejes relacionados con el fortalecimiento de las competencias de los GAD, la vialidad provincial, las atribuciones de los concejales, nuevas causales de remoción para las autoridades seccionales, la gestión del suelo, las telecomunicaciones y otros aspectos vinculados con la organización territorial.
Durante la continuación de la sesión, iniciada el pasado 16 de julio, el legislador Adrián Castro planteó fortalecer las facultades de fiscalización de los concejales mediante la incorporación de la obligación de que las autoridades entreguen la información solicitada en un plazo máximo de 15 días.
El asambleísta Milton Aguas, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, informó que todas las observaciones formuladas durante el primer debate serán analizadas antes de la elaboración del informe para segundo debate.
Por su parte, la legisladora Fabiola Sanmartín destacó que el proyecto permite delimitar con mayor precisión las competencias y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, especialmente en materia de vialidad rural. Asimismo, propuso que los concejales que presidan comisiones presenten informes semestrales de gestión.
En tanto, la asambleísta Elizabeth Orellana resaltó la necesidad de fortalecer el acceso a la información pública relacionada con los contratos en ejecución, mientras que Luis Molina consideró que debe mantenerse el fuero de Corte Provincial para las autoridades seccionales, al señalar que constituye una garantía para el ejercicio de los derechos políticos.
En el marco de las 14 intervenciones realizadas en el Pleno, los asambleístas también señalaron que las reformas relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones deben observar la autonomía y las competencias constitucionales de los gobiernos municipales. Asimismo, se propuso revisar las disposiciones vinculadas con las telecomunicaciones, el uso y la planificación del suelo, así como con el despliegue de infraestructura. Además, se destacó la importancia de garantizar la entrega oportuna de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados.
AM
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