La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó, por unanimidad, el informe del proceso de seguimiento permanente a las conclusiones y recomendaciones de la resolución relacionada con la fiscalización a las unidades de acogimiento institucional. El documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional.
El documento recomienda incorporar, de manera inmediata, en el orden del día del Pleno los siete informes de seguimiento elaborados por la comisión, a fin de que el Legislativo conozca las novedades detectadas durante el proceso de fiscalización.
Entre las recomendaciones al Ministerio de Desarrollo Humano constan la ejecución de una intervención integral en las unidades de acogimiento institucional; la implementación de mecanismos de desinstitucionalización; el fortalecimiento de la coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Protección Integral; el incremento de la planificación presupuestaria para infraestructura y talento humano especializado; y la implementación de un sistema nacional de monitoreo con información estadística sobre permanencia, reinserción familiar, adopciones e indicadores de gestión.
Respecto del Consejo de la Judicatura, la mesa legislativa solicita fortalecer la evaluación de las causas relacionadas con medidas de protección y remitir información estadística periódica sobre acogimiento institucional, acogimiento familiar y restitución de derechos. En tanto, a la Fiscalía General le plantea agilizar investigaciones y establecer mecanismos de reporte periódico sobre el estado procesal de las causas e indicadores de gestión.
En cuanto al Ministerio de Salud Pública, el informe exhorta a presentar resultados sobre la atención médica integral brindada a niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional, con énfasis en la cobertura y los servicios de salud mental.
Finalmente, al Ministerio de Educación, Deportes y Cultura le solicita fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil; capacitar al personal docente y al personal especializado en salud mental y prevención de la violencia; implementar protocolos de atención prioritaria para las casas de acogida; y establecer un sistema de seguimiento del acompañamiento psicosocial.
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