La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte continuó el análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, previo a su segundo debate, con la recepción de observaciones técnicas de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB).
En representación de la CIP, su vicepresidente ejecutivo, Pablo Jiménez, ratificó el respaldo del sector productivo al objetivo de la iniciativa, orientada a enfrentar la obesidad como un problema de salud pública desde un enfoque integral y preventivo. Planteó observaciones relacionadas con la definición jurídica de los alimentos ultraprocesados, la regulación de la publicidad, la delimitación de competencias de la autoridad sanitaria y la precisión del ámbito de aplicación de la norma, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica.
Asimismo, señaló que las políticas públicas deben sustentarse en evidencia científica, promover la educación alimentaria, la actividad física y la generación de entornos saludables, y reiteró la disposición de la industria para participar en mesas técnicas que permitan evaluar, con criterios científicos, los factores asociados a la obesidad.
Por su parte, representantes de ANFAB y de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) coincidieron en respaldar los objetivos del proyecto y recomendaron armonizar el texto con la normativa vigente para evitar duplicidad de regulaciones. Además, enfatizaron la necesidad de priorizar la reformulación progresiva de alimentos, la educación nutricional y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica, al considerar que la obesidad responde a múltiples factores.
La proponente del proyecto, asambleísta Liliana Durán, consultó sobre los mecanismos que permitan mantener las medidas de salud pública previstas en la ley sin afectar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales. En respuesta, representantes de la CIP señalaron que el país puede adoptar medidas como el etiquetado y la regulación publicitaria, siempre que se observen los procedimientos técnicos y de consulta establecidos en la normativa nacional e internacional sobre barreras técnicas al comercio.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, destacó que la propuesta legislativa prioriza la prevención de la obesidad y reiteró que todo proyecto de ley puede perfeccionarse mediante el diálogo técnico. Además, subrayó la importancia de sustentar las decisiones en evidencia científica y fortalecer el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la academia, la industria y la ciudadanía para enfrentar esta problemática de salud pública.
RSA
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