La asambleísta María Paula Villacreses, representante de Tungurahua, presentó dos iniciativas legislativas orientadas a reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trata del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad; y el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Fortalecer la Educación, el Desarrollo y las Oportunidades de los Jóvenes.
Durante la presentación, la legisladora explicó que ambas propuestas buscan garantizar una respuesta oportuna del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad y ampliar las oportunidades para que los jóvenes culminen sus estudios. Señaló que una de las iniciativas nació a partir de un caso ocurrido en Tungurahua, donde tres niñas quedaron huérfanas y al cuidado de su abuela, sin acceder de manera inmediata a la asistencia estatal.
El proyecto incorpora un nuevo capítulo al Código de la Niñez y Adolescencia para activar de forma inmediata el Sistema Nacional de Protección Integral cuando un menor pierda a ambos progenitores. Se establece que las juntas cantonales deberán emitir, en un plazo máximo de 48 horas, una evaluación integral de la situación familiar, social, psicológica, de salud y patrimonial, a fin de adoptar las medidas de protección correspondientes.
Además, la iniciativa prioriza la permanencia de los menores de edad dentro de su familia ampliada, preserva la convivencia entre hermanos, fortalece la protección de sus derechos patrimoniales y garantiza el acceso a bonos, pensiones, seguros y otros mecanismos de protección social. También contempla acompañamiento psicológico, continuidad en la atención de salud, seguimiento permanente de las medidas de protección y la elaboración de un Protocolo Nacional para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad, que deberá expedirse en un plazo de 180 días.
En cuanto al segundo proyecto, se propuso ampliar de 21 a 24 años la edad máxima para recibir pensión alimenticia, siempre que los beneficiarios acrediten que cursan estudios en cualquier nivel educativo, carezcan de ingresos propios suficientes y que su proceso de formación les impida desarrollar una actividad productiva. La reforma busca garantizar que más jóvenes puedan concluir su formación académica y consolidar su proyecto de vida.
Villacreses enfatizó que ambas iniciativas responden al principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y fortalecen el sistema de protección integral, al establecer mecanismos que aseguren una atención inmediata para menores de edad en situación de orfandad y mayores oportunidades educativas para los jóvenes que dependen de una pensión alimenticia para continuar sus estudios.
MEV
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