La Comisión de Seguridad Integral continuó el análisis del Proyecto de la denominada "Ley Antimafias". Durante la sesión, el juez de la Unidad de Garantías Penales, Renán Andrade, presentó recomendaciones al proyecto orientadas a preservar el sistema penal acusatorio y la independencia judicial.
Entre sus principales aportes destacó la necesidad de ajustar las reformas relacionadas con la prisión preventiva, precisar las responsabilidades entre jueces y la Fiscalía en la revisión de medidas cautelares y evitar que los operadores de justicia asuman funciones administrativas respecto de los bienes incautados, proponiendo que estas permanezcan a cargo de la entidad competente. Además, planteó establecer mecanismos claros para identificar a los grupos de delincuencia organizada, con el fin de evitar conflictos de competencia y garantizar el debido proceso.
Por su parte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), a través de su director nacional de Asesoría Jurídica, Paúl Reyes, formuló observaciones, con énfasis en la reforma de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. La entidad destacó la necesidad de proteger los derechos de los socios, depositantes y terceros de buena fe en los procesos de liquidación de entidades financieras, de manera que la aplicación de la extinción de dominio no afecte la recuperación de recursos destinados a resarcir a los perjudicados, diferenciando el patrimonio de los asociados de las actuaciones ilícitas que eventualmente hubieran cometido administradores o directivos.
Telecomunicaciones en centros de privación de libertad y el sistema de videovigilancia
En el segundo punto del orden del día, la mesa legislativa avanzó en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Sistema de Videovigilancia.
Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, presentó observaciones para fortalecer la seguridad jurídica, la protección de datos personales, las reglas de acceso y uso de grabaciones, así como las competencias institucionales y el régimen sancionatorio.
La Comisión de Seguridad Integral continúa enriqueciendo el contenido de ambos proyectos de ley mediante un proceso participativo y técnico.
JC
