Junto a los asambleístas del Austro, denunciamos públicamente la aprobación de dos leyes de carácter económico urgente impulsadas por la mayoría legislativa, sin un proceso de diálogo amplio y suficiente con los sectores involucrados.
Durante la rueda de prensa advertimos que la denominada Ley de Integridad Pública afecta gravemente la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), al reducir cerca de mil millones de dólares de los recursos destinados a estas instituciones. Esta disminución presupuestaria tendrá consecuencias directas en la ejecución de obras, la continuidad de programas sociales y la prestación de servicios públicos, además de poner en riesgo alrededor de 40 mil empleos vinculados a los gobiernos locales.
Frente a esta situación, anunciamos que impulsaremos una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que la norma vulnera principios constitucionales relacionados con la autonomía financiera y administrativa de los GAD.
Asimismo, expresamos nuestro rechazo a la Ley Minera, por considerar que representa una amenaza para las fuentes de recarga hídrica del Austro y desconoce la voluntad expresada por la ciudadanía de Cuenca y del Azuay en defensa del agua. También denunciamos las limitaciones al derecho de participación durante el debate legislativo, lo que impidió una discusión democrática y transparente sobre una norma de gran impacto para el país.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo el agua, la autonomía de los gobiernos locales, los derechos de la ciudadanía y el bienestar de nuestras comunidades. Continuaremos impulsando las acciones políticas y jurídicas necesarias para proteger estos principios y hacer respetar la voluntad del pueblo.
Asambleísta por la provincia del Azuay
