La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves 30 de julio, avocó conocimiento e inició el trámite de los proyectos de reforma al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) para el acceso efectivo a la justicia y para fortalecer la citación judicial, propuestos por los asambleístas Esteban Torres y Marco Olmedo, respectivamente.
Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que su propuesta consta de cinco artículos que buscan actualizar aspectos como el impulso procesal, que actualmente es responsabilidad exclusiva de las partes procesales, de manera que el juez, de oficio, pueda adoptar las decisiones adecuadas para avanzar en el tratamiento del caso, sin afectar los derechos de las partes y evitando el abandono de la causa.
Añadió que plantea reformas al artículo 55 del COGEP, relacionadas con la entrega de citaciones en el lugar de trabajo del demandado, procedimiento que actualmente permite entregarlas a la persona demandada o a un familiar. Señaló que no siempre se encuentran familiares en una oficina, por lo que propone permitir la entrega a cualquier trabajador permanente del lugar.
Asimismo, la iniciativa aborda el abandono de la causa y clasifica adecuadamente las controversias relacionadas con el pago de honorarios profesionales, diferenciando los casos en los que existe una factura y aquellos en los que no. Según explicó, la falta de este documento es frecuente en la mayoría de procesos, debido a los distintos mecanismos empleados por los abogados para el cobro de sus honorarios.
Por su parte, Olmedo justificó su proyecto, orientado a regular las citaciones judiciales, con base en estadísticas que evidencian que cada año en Ecuador se registran alrededor de 150 mil citaciones fallidas. Esto significa que aproximadamente 150 mil procesos ni siquiera llegan a iniciar, situación que afecta las garantías del debido proceso y el principio de tutela judicial efectiva, dejando a un importante número de ecuatorianas y ecuatorianos en indefensión.
La reforma se sustenta en seis pilares: regulación clara; garantía del derecho a la defensa; articulación con las nuevas realidades del domicilio, incluida la citación por medios electrónicos; generación de seguridad jurídica; reducción de la congestión procesal; y una efectiva coordinación interinstitucional.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, dispuso que los proyectos sean socializados con los demás legisladores y con la ciudadanía en general, con el fin de que, de ser el caso, formulen observaciones y sugerencias sobre esta normativa.
EG
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