Recibimos en la Casa Legislativa del Azuay a más de 150 ciudadanos afectados por el cierre de la Cooperativa CREA, quienes compartieron sus testimonios y expusieron las graves consecuencias que ha tenido la liquidación forzosa de la entidad sobre sus familias y su patrimonio.
Durante la jornada escuchamos cada uno de sus casos y, como parte de nuestro compromiso con la fiscalización, remitimos un oficio a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) solicitando información detallada sobre el proceso, los criterios aplicados y la normativa que sustenta las decisiones adoptadas.
Ratificamos que este caso no puede quedar en la impunidad. Desde nuestros despachos recogeremos las denuncias de los perjudicados, impulsaremos las acciones de control político necesarias y exigiremos respuestas inmediatas de las autoridades competentes, así como la determinación de responsabilidades.
Reafirmamos nuestra solidaridad con los cuentaahorristas y nuestro compromiso de acompañarlos hasta que se haga justicia y puedan recuperar la totalidad de sus ahorros.