Hemos expresado nuestra preocupación frente a la denominada Ley Económica Urgente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), al considerar que sus disposiciones afectan la autonomía administrativa, financiera y económica de los gobiernos locales, reconocida por la Constitución.
Desde nuestra labor legislativa advertimos que la reducción de recursos para los municipios, prefecturas y juntas parroquiales puede traducirse en la paralización de obras, menor inversión en servicios básicos, afectaciones a programas sociales y riesgos para la estabilidad laboral de miles de servidores públicos.
Los gobiernos locales son quienes atienden de manera directa las necesidades de la ciudadanía. Debilitarlos implica limitar su capacidad para ejecutar proyectos de vialidad, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos, desarrollo social y otras competencias esenciales para el bienestar de la población.
Reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional para que abra espacios de diálogo con los GAD y construya soluciones que respeten su autonomía y garanticen una distribución equitativa de los recursos. Seguiremos fiscalizando todas las iniciativas que puedan afectar el desarrollo de los territorios y los derechos de los ecuatorianos.
Asambleísta por la provincia del Azuay
