Junto a mis compañeros de la Bancada Revolución Ciudadana, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Minera, al considerar que vulnera principios y derechos consagrados en la Constitución, entre ellos la protección de la naturaleza, el derecho al agua, la participación ciudadana y la seguridad jurídica de las comunidades.
Esta acción busca impedir la vigencia de una norma que, desde nuestra perspectiva, prioriza intereses extractivos sobre la protección de los páramos, ríos, bosques y demás ecosistemas estratégicos que garantizan el acceso al agua y la vida de miles de familias ecuatorianas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de Quimsacocha y de todas las zonas de recarga hídrica del país. La voluntad popular expresada en las consultas populares debe ser respetada y las decisiones sobre nuestros territorios no pueden desconocer ese mandato democrático.
Continuaremos utilizando todas las herramientas constitucionales y legales para defender el agua, los derechos de la naturaleza y el futuro de las próximas generaciones. La protección de nuestros ecosistemas seguirá siendo una prioridad de nuestra labor legislativa.
Asambleísta por la provincia del Azuay
