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La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al arzobispo de la Arquidiócesis de Quito, Alfredo Espinoza, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y a Byron Vizcaíno, jefe jurídico de la Curia Metropolitana, en el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD. Su intervención estuvo centrada en la problemática derivada de la imposibilidad de renovar contratos de comodato sobre bienes municipales utilizados con fines sociales y pastorales, una situación que afecta a decenas de espacios comunitarios ubicados principalmente en el sur de Quito.
El arzobispo Espinoza explicó que numerosos terrenos municipales fueron entregados en comodato hace 25 y hasta 50 años para la construcción de templos y el desarrollo de obras sociales impulsadas por el padre José Carollo y otros sacerdotes. En estos espacios funcionan no solo iglesias, sino también comedores populares, centros de acogida, dispensarios médicos, programas de atención a mujeres, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad, así como iniciativas educativas y de formación juvenil. Señaló que más del 50 % de estos predios carecen actualmente de un instrumento jurídico vigente, dado que los comodatos han caducado y que la normativa vigente prohíbe a los municipios suscribir este tipo de contratos con instituciones de carácter religioso, generando inseguridad jurídica e incluso amenazas de desalojo. Por su parte, Vizcaíno indicó que el problema no radica en la figura del comodato, sino en la falta de claridad normativa y en interpretaciones restrictivas del reglamento de bienes del sector público: de 130 predios vinculados a la Arquidiócesis, 102 son de propiedad municipal y más de la mitad carecen de respaldo jurídico formal actualizado.
El planteamiento central de la Arquidiócesis fue que la reforma al COOTAD incorpore disposiciones que simplifiquen y clarifiquen los procedimientos para la suscripción de comodatos, convenios de uso u otras modalidades similares sobre bienes municipales destinados a actividades de interés social, cultural o comunitario. Se propuso el establecimiento de parámetros objetivos de temporalidad, control y reversión, manteniendo intacto el dominio estatal sobre los bienes. Los legisladores recordaron experiencias previas de regularización y donación de terrenos cuando los comodatos cumplieron su finalidad social, y plantearon analizar si el comodato con fines sociales puede considerarse una forma de inversión social reconocida por el marco normativo vigente.
