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En el contexto del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a María Santillán, experta en descentralización y derecho constitucional, quien centró su análisis en la reforma al artículo 596 del código sobre expropiación especial para la regularización de asentamientos humanos de interés social. La especialista orientó su intervención en torno al objetivo constitucional de garantizar a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna como eje rector del proceso de reforma normativa.
Santillán consideró fundamental que, para erradicar la informalidad en la tenencia de la tierra y el crecimiento desordenado de las circunscripciones territoriales, la reforma observe principios clave: la inmediatez de los municipios en la tramitación de los procesos, la favorabilidad hacia el adjudicatario y la prevención de la especulación del suelo. Asimismo, recomendó acoger el criterio de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo respecto a los cambios de uso de los predios, ya que al iniciarse el trámite de declaratoria de utilidad pública, el terreno puede encontrarse en frontera urbana o en área rural, según la planificación territorial del municipio. Explicó que el proceso deberá contemplar la negociación del justo precio por metro cuadrado con sustento técnico catastral, el fraccionamiento del lote y los demás pasos procedimentales establecidos en la normativa. Durante el debate, los comisionados consultaron sobre actividades culturales dentro de las políticas sociales y la cohesión territorial mediante la articulación entre los distintos niveles de gobierno.
Los principios planteados por la experta —inmediatez, favorabilidad y prevención de la especulación— constituyen criterios normativos de aplicación directa que la Comisión deberá plasmar en el articulado de la reforma. La recomendación de incorporar el criterio de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sobre los cambios de uso de suelo aporta una perspectiva técnica esencial para evitar contradicciones entre el proceso de regularización y la planificación territorial de cada municipio.
