La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, “Ley Antimafias”, recibió las observaciones de Wilson Martínez, especialista en prevención de lavado de activos, y Alba Silva, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, quienes presentaron propuestas para fortalecer las herramientas del Estado frente a las organizaciones criminales.
Martínez destacó que el proyecto incorpora avances importantes como la creación del delito autónomo de pertenencia a una organización criminal, nuevos tipos penales relacionados con actividades ilícitas, el fortalecimiento de medidas cautelares y la figura de extinción de dominio. No obstante, señaló que la lucha contra el crimen organizado no puede depender únicamente de nuevas sanciones, sino de una institucionalidad fortalecida que permita investigar, afectar y desarticular las estructuras criminales.
En este sentido, propuso crear una instancia permanente de coordinación contra el crimen organizado que articule a la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Función Judicial, con personal especializado, presupuesto propio y competencias definidas.
El especialista resaltó la necesidad de fortalecer la extinción de dominio como una herramienta estratégica para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales, mediante mecanismos efectivos para identificar, rastrear, incautar y recuperar bienes de origen ilícito. Para ello, planteó fortalecer la UAFE, mejorar la coordinación con la Fiscalía y consolidar las capacidades de la entidad encargada de administrar los bienes incautados, con mayores controles y recursos técnicos.
Martínez además, recomendó fortalecer la inteligencia financiera, las capacidades investigativas y forenses del Estado, así como avanzar hacia un enfoque de persecución penal basado en la macrocriminalidad, que permita identificar las jerarquías, redes de financiamiento y cadenas de valor de las organizaciones delictivas.
Por su parte, Silva señaló que la seguridad requiere una visión integral que permita comprender las estructuras económicas, financieras y territoriales que sostienen al crimen organizado. Explicó que la ubicación estratégica del Ecuador exige incorporar un enfoque geopolítico y fortalecer la cooperación internacional con países de la región y organismos especializados.
Entre sus propuestas destacó fortalecer el intercambio de inteligencia, las investigaciones conjuntas y los mecanismos regionales de coordinación en materia de seguridad, lavado de activos y narcotráfico.
Estos aportes coinciden en que el proyecto debe fortalecer no solo el marco jurídico, sino también las capacidades institucionales, financieras y operativas del Estado para atacar las estructuras criminales, sus fuentes de financiamiento y sus redes de operación nacional e internacional.
JC
