El asambleísta Fernando Nantipia, representante de la provincia de Morona Santiago, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para la Seguridad de los Usuarios de Juegos Mecánicos y Atracciones de Entretenimiento.
El legislador explicó que la iniciativa surge ante la ausencia de una normativa especializada que regule las condiciones de funcionamiento de los juegos mecánicos y atracciones de entretenimiento, pese a los accidentes registrados en distintos cantones del país y a la necesidad de establecer estándares uniformes de seguridad.
Entre las principales reformas propuestas constan la contratación obligatoria de seguros de accidentes personales y de responsabilidad civil para proteger a usuarios y terceros; la obtención de certificaciones técnicas periódicas que garanticen el adecuado estado y funcionamiento de cada atracción; y la creación del Registro Nacional de Operadores de Juegos Mecánicos y Atracciones de Entretenimiento, que concentrará información sobre operadores, certificaciones, seguros, accidentes y sanciones.
Asimismo, el proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores, entre ellas realizar inspecciones diarias de seguridad; ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo; capacitar permanentemente al personal; contar con planes de emergencia; reportar los accidentes a las autoridades competentes; y exhibir de forma visible información sobre las condiciones de uso, restricciones, seguros y mecanismos para la presentación de reclamos.
La propuesta también establece un régimen especial de control y sanciones, mediante el cual faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para realizar inspecciones, disponer la suspensión preventiva de atracciones que representen riesgos para los usuarios e imponer multas por incumplimientos relacionados con la ausencia de seguros, certificaciones técnicas, registro de operadores o medidas de seguridad.
De acuerdo con el proyecto, estas disposiciones fijarán condiciones mínimas de seguridad aplicables en todo el territorio nacional, sin menoscabar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para autorizar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de estos establecimientos.
La reforma contempla, además, disposiciones transitorias para que los operadores que actualmente se encuentran en funcionamiento se adecuen progresivamente a las nuevas obligaciones, una vez que entren en vigencia la normativa técnica, el Registro Nacional de Operadores y los mecanismos de certificación previstos en la ley.
JC
