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Coherencia Normativa: El COOTAD ante la Regularización de Asentamientos

Miércoles, 04 de marzo del 2026 - 20:00 Imprimir

La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al abogado experto en temas municipales y constitucionales Luis Cueva, quien analizó la reforma al artículo 596 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en lo referente a la expropiación especial para la regularización de asentamientos humanos de interés social. La sesión se inscribió en el proceso de construcción técnica y jurídica de la reforma, orientado a identificar vacíos y contradicciones normativas que puedan comprometer la eficacia del texto final.

El expositor recomendó armonizar la reforma del artículo 596 del COOTAD con el artículo 76 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), que establece la figura de la declaratoria de regularización prioritaria, así como con los reglamentos vigentes. Identificó una inconsistencia específica: la LOOTUGS establece que si el proceso de regularización no concluye en cuatro años desde la declaratoria de regularización prioritaria, se aplicará el procedimiento de intervención del Código, mientras que la reforma propone un plazo de cinco años, lo que genera una falta de concordancia entre ambos cuerpos normativos. Advirtió además que una eventual modificación del artículo 596 no debe limitarse a aspectos procedimentales, puesto que estos corresponden al ámbito de las ordenanzas municipales. Durante el análisis con los legisladores, se resaltó la importancia de observar la normativa internacional en materia de derechos, la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el ordenamiento legal vigente.

Los criterios técnicos aportados por el experto permitieron identificar con precisión los puntos de fricción entre la reforma propuesta y el marco normativo en vigor. La inconsistencia en los plazos de regularización entre el COOTAD y la LOOTUGS constituye un hallazgo de particular relevancia, pues de no corregirse podría generar conflictos interpretativos que dificulten la aplicación práctica de la norma en los distintos GAD municipales del país.

 

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