La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado Ley Antimafias y de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, recibió las observaciones de Daniel Domínguez, subsecretario general de Integridad Pública.
Domínguez informó que la Secretaría General de Integridad Pública presentó 16 aspectos técnicos, una propuesta de alineación con el eje 4 del proyecto y siete observaciones. Entre los principales planteamientos consta una reforma integral a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que vaya más allá de la modificación del artículo 74, con el propósito de fortalecer su aplicación y mejorar su efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
Las propuestas incluyen establecer plazos razonables para la investigación patrimonial, con límites a las prórrogas; reforzar las garantías en la sentencia anticipada; y definir criterios objetivos para identificar incrementos patrimoniales que generen alertas, considerando el perfil económico, la actividad, la procedencia de los recursos y las relaciones familiares, comerciales o personales. Precisó que un porcentaje de incremento debe constituir una alerta temprana y no un indicio automático de irregularidad.
Uno de los aspectos centrales fue la administración, valoración y venta de bienes recuperados. Domínguez observó la posibilidad de utilizar “cualquier otro mecanismo” para su enajenación, debido al riesgo de discrecionalidad, y planteó reglas transparentes, auditorías externas, metodologías públicas y mecanismos de doble revisión que permitan maximizar los recursos recuperados por el Estado.
Así también, planteó incorporar disposiciones claras para afectar los bienes vinculados con organizaciones criminales, así como realizar ajustes al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. Destacó la necesidad de fortalecer las garantías procesales y la motivación de las medidas cautelares, pues ello otorgaría mayor solidez jurídica al proyecto frente a eventuales cuestionamientos judiciales, constitucionales o internacionales.
Finalmente, Domínguez concluyó que la reforma debe fortalecer la gobernanza patrimonial y transparentar la administración, valoración, monetización y recuperación de activos, mediante una revisión integral de la normativa.
JC
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